Piropear a una mujer podría tener pena de cárcel y una sanción económica de 3.000 euros
La directora general de Igualdad, Bibiana Aido, trabaja en la elaboración de un protocolo de atención a las mujeres que sean objeto de piropos en la vía pública, atendiendo así una vieja reivindicación de algunos grupos feministas que consideran este tipo de expresiones como “otra forma de violencia contra las mujeres”. Pese al avance de la medida, se desconoce si el protocolo incluirá sólo a las palabras que la denunciante considere ofensivas o si, por el contrario, seguirá un criterio semántico fijo.
Esta medida, que se pondrá en marcha a partir del último trimestre de 2011, incluirá las sanciones que contempla la ley de igualdad de género, que irían desde prisión a una multa económica de 3.000 euros.
Bibiana Aido declaró hace unos días que su departamento trabaja para que las víctimas se sientan protegidas, y animó a las afectadas a denunciar sus casos y a que reclamen sus derechos ante la justicia.
El pasado mes de marzo, tras recibir las quejas de las feministas, la propia ministra de Sanidad, Leire Pajín, se comprometió con ellas a determinar los puntos en que se debe actuar para garantizar los derechos de las mujeres.
Las feministas, por su parte, expresaron recientemente su satisfacción por la receptividad del Gobierno a sus propuestas: “Entendemos que debe darse la importancia que merece a este asunto, ya que la nuestra es una sociedad evidentemente machista”.
Creen que el piropo constituye una forma de ejercer coacción contra las trabajadoras y menoscabar su dignidad y advirtieron que se trata de una realidad latente sobre todo en los ámbitos laborales.
“Muchas mujeres se niegan a denunciar estos ataques verbales por temor a las represalias”, se indica desde una de las entidades feministas que aplauden la nueva medida gubernativa.
