Así es el plan de la CUP para tomar Cataluña...
La Ley de Transitoriedad, suspendida por el TC, detalla cuáles son las primeras decisiones que tomaría la Generalitat. Entre ellas, el control de fronteras y aduanas.
El control de fronteras y del poder judicial, la amnistía de todos los imputados y condenados por el procés y la expulsión del Ejército son las primeras medidas que adoptaría la Generalitat si los independentistas terminan declarando unilateralmente la secesión la próxima semana y ésta obtiene el reconocimiento internacional. Estas medidas figuran en la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, un texto que aprobó el Parlament a principios de septiembre con el voto de JxSí y la CUP, y que pese a que está suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC), los secesionistas siguen considerando como legítimo y vigente. Estas son las decisiones que establece para tomar el control de Cataluña:
Fronteras y aduanas. La CUP instó ayer a la Generalitat a tomar la iniciativa y empezar a planificar cuanto antes el dispositivo para asumir el mando en los puertos fronterizos y en el comercio exterior. Sin embargo, los documentos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) van más allá e incluyen también el control de infraestructuras como los puertos de interés general -Barcelona y Tarragona- y los aeropuertos de El Prat, Girona y Reus (Tarragona) el mismo día de la declaración de independencia. Sin embargo, por ahora no hay ninguna concreción al respecto. Sin embargo, hay que tener presente que el pasado martes, en el "paro de país" que se convocó en los centros laborales, gracias a las tractoradas se logró cortar el tráfico en más de 50 carreteras. ¿Se volvería a recurrir ahora a los agricultores para tomar el control de los puestos fronterizos? Nadie da ninguna concreción al respecto.
Elecciones en primavera. Tras el 1-O y la declaración de independencia, el "proceso constituyente" continúa. El primer paso sería la proclamación de un controvertido "foro social", que recogería propuestas de entidades y partidos, y que varios opositores al plan de Puigdemont han tildado de "bolivariano", por su tinte asambleario. Por su parte, la Generalitat también se dotaría de un "consejo asesor" con académicos "nacionales e internacionales", y también habría un proceso participativo. A través de estos tres canales, ciudadanos, entidades y expertos podrán hacer propuestas sobre cómo debería ser una eventual Constitución catalana, que se sumarían a los redactados que diferentes colectivos ya han hecho por su cuenta. El texto definitivo se redactaría por una "Asamblea constituyente", que se eligiría tras unas nuevas elecciones, que se celebrarían como muy tarde en primavera.
Ausencia de amplios consensos. El Congreso aprobó el proyecto de Constitución de 1978 con 325 de los 350 votos a favor, y luego se sometió a referéndum. Sin embargo, estas grandes mayorías se omiten en la Ley de Transitoriedad. El texto indica que, si en una primera vuelta el borrador de ley fundamental catalana no obtiene el apoyo de tres quintos, bastaría con una mayoría absoluta para continuar con la aprobación del texto, y convocar un referéndum para ratificarla. Tras esta votación, habría elecciones legislativas.
Plenas competencias tributarias. Una vez que entre en vigor la independencia unilateral, las personas físicas y jurídicas estarán obligadas a pagar todos sus impuestos a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), un órgano que este año se ha dotado de un nuevo software para gestionar tributos, y ha ampliado su red de oficinas en el territorio catalán. El Ejecutivo autonómico ha asegurado que, pese a la falta de medios humanos e inexperiencia, la ATC está "preparada" para asumir la recaudación de "todos" los impuestos, pese a que varios expertos y académicos consultados por EXPANSIÓN han advertido de su falta de medios y de experiencia. El Ministerio de Hacienda ya ha dicho que, pase lo que pase, los contribuyentes deberán seguir pagando sus impuestos a la Agencia Tributaria estatal, y que la existencia de dos legalidades superpuestas es un escenario absolutamente inviable.
Adiós a la separación de poderes. La ley de transitoriedad garantiza la supeditación de la justicia a los intereses del Ejecutivo catalán, un modelo que "no pasa ningún filtro de los estándares de democracia de los países europeos", según el presidente del grupo de juristas Llibertats, Pere Lluís Huguet. La norma establece que el nombramiento de los magistrados del futuro Tribunal Supremo Catalán, la Sala de Garantías o la Sindicatura Electoral depende de una mayoría parlamentaria no reforzada del Parlament, lo que en la práctica va a suponer que recaigan en manos del gobierno de turno. Esta situación ya ocurre en los medios de comunicación autonómicos, TV3 y Catalunya Ràdio, cuyo tratamiento informativo está siendo muy cuestionado por los partidos de la oposición por su parcialidad.
Legislación "delegada". El artículo 31 de la Ley de Transitoriedad también faculta al Parlament a "delegar" en el Ejecutivo catalán la potestad de dictar normas con rango de ley, rompiendo así con la separación de poderes. Los únicos ámbitos que el Ejecutivo no podría asumir son "regulación del proceso constituyente" y aprobar la Constitución, el presupuesto y una ley electoral.
Incorporación de los empleados públicos estatales. Todos los funcionarios del Estado pasarían a depender de la Generalitat, salvo los militares, que serían expulsados ipso facto. El resto de personal no perdería poder adquisitivo y podría seguir en Cataluña si así lo desea, aunque podría ser reubicados. La ley de transitoriedad también prevé próximas convocatorias de empleo público, que no concreta. Por otra parte, en varios estudios se dictamina qué usos tendrían los activos e inmuebles del Estado en Cataluña, como los informes que impulsó en la anterior legislatura el Consejo Catalán de la Transición Nacional -un órgano de expertos que instituyó el expresidente de la Generalitat Artur Mas- y un Libro Blanco que elaboró el Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa de Xavier Trias (CiU), y que su sucesora, Ada Colau, no da validez. En este estudio, en uno de los capítulos, también se pedía que la capital "administrativa" de Cataluña no estuviese en Barcelona, sino en Manresa, capital comarcal considerada como el corazón de Cataluña, por su ubicación geográfica.
Inmunidad para los consejeros. Además de decretar una amnistía para todos los imputados y condenados por el procés, entre ellos Artur Mas, la Ley de Transitoriedad proclama que los miembros del Ejecutivo catalán son inviolables, salvo casos de "delitos flagrantes", sin concretar cuáles son.
Vemos que el precio de la independencia para los que la apoyan (y los que no) es convertirse en algo más turbio que la Turquía de Erdogan.
