“La policía ha plagiado nuestra aplicación de seguridad ciudadana”

Javier Torres y Juan Manuel Jiménez estaban comiendo un día de 2012 cuando se les ocurrió una idea de aplicación para el móvil. Charlaban sobre la noticia del robo en el domicilio de un alcalde de Cantabria, donde viven, mientras la familia estaba en casa. La mujer, narraban las periódicos, consiguió subir hasta la primera planta y gritar por la ventana, alertando a los vecinos, que llamaron a la policía. “Ahí pensamos en si no hubiera podido salir a la ventana, pero sí por ejemplo esconderse en una habitación y avisar con un botón en el móvil a sus vecinos”, cuenta Javier.

Ese fue el germen de Owl Protect: una aplicación de seguridad ciudadana que empezaron a desarrollar junto a otros dos socios, que con el tiempo abandonaron el proyecto y la empresa que crearon para tal efecto: Teymark. Durante meses, dieron forma a la idea, hasta que tuvieron la oportunidad de presentarlo al delegado del Gobierno de Cantabria, cuñado de uno de los exsocios.

“La idea les encantó y nos convocaron a una reunión con el jefe superior de Policía de Cantabria, al que también le encantó”, explica Javier a este diario. Encantados todos, empezaron a pensar en las posibilidades del proyecto. Tanto Javier como Juan Manuel abordaron la aplicación en dos vertientes: por un lado, una red social que sea capaz de avisar en caso de emergencia a las personas del entorno que también cuentan con la 'app', y por otro lado, una vía para informar de posibles delitos a la policía. “Teníamos una duda sobre la Ley de Protección de Datos, porque la 'app' contemplaba hacer fotos o vídeos para avisar a la policía, así que nos dijeron que les pasásemos la documentación para mandarla a Madrid y que lo valorasen”, explica Juan Manuel. Fue en ese momento, dicen, cuando cometieron un error. “Les mandamos todo; la estructura de desarrollo, el funcionamiento… Todo”.

“Cuando nos contestaron, nos dijeron que con el tema legal no había problema y que había despertado 'cierto interés' en Madrid”, explica Javier. Quedaron en seguir hablando y, como puede verse en los 'e-mails' que aportan como prueba, les animaron a continuar con el proyecto. Pero tan solo tres meses después, una noticia “les echó el mundo encima”. El Ministerio de Interior anunciaba estar trabajando en una aplicación propia de seguridad ciudadana con la que cualquier persona podía alertar a las fuerzas de seguridad. Es decir, su proyecto, pero sin ellos. Incluso en la noticia anunciaban que podía incorporar “fotos o vídeos” y ser accesible a personas con discapacidad, cuestiones que ya habían contemplado los dos socios. “¡Era nuestra aplicación!”, reclaman.

Lo que el ministerio estaba poniendo en marcha fue lo que llamaron el Sistema de Movilidad de Alertas de Seguridad Ciudadana (Simasc), luego renombrado con el más atractivo AlertCops, disponible para descargar desde mediados de 2014. El desarrollo, sin embargo, lo puso en marcha una empresa de Telefónica, después de una adjudicación de 289.000 euros. El proceso se llevó a cabo por invitación, un tipo de licitación por el cual es la propia Administración la que convoca a los proveedores a presentarse, y que no requiere de publicidad previa si se invita al menos a tres empresas. Invitaron a cinco, todas grandes multinacionales. A Teymark, sin embargo, nadie la llamó.

Después de manifestar su sorpresa e indignación con esta noticia, la relación con las autoridades de Cantabria cambió. “De repente empezaron a poner pegas, ya no era ¡qué magnifica idea habéis tenido!”. Tras insistir, les convocaron a una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad, en Madrid, donde les atendió Enrique Moreu, entonces jefe de Área de Programas del Gabinete del secretario. Abandonaron la cita con la esperanza de llegar a alguna clase de acuerdo que todavía les permitiese sacar su aplicación con el apoyo de las fuerzas de seguridad.

Por eso, meses después, a principios de 2014, Javier y Juan Manuel volvieron a contactar a Moreu, en esta ocasión para informarle de que la 'app' saldría pronto al mercado y “establecer una colaboración con las autoridades”. Hay que tener en cuenta que parte de su aplicación, la de poner en alerta a las fuerzas de seguridad, no podía llevarse a cabo sin la colaboración de la Administración. Nunca tuvieron respuesta a ese 'e-mail'. Tampoco al burofax que los abogados de Javier y Juan Manuel mandaron al ministerio donde informaban de que sus clientes tenían los derechos de propiedad intelectual de una 'app' que “permite la comunicación del ciudadano con los cuerpos de seguridad, alertando de posibles comisiones de delitos” y que esta había sido expuesta al Ministerio de Interior.

Volvieron a escribirles vía 'e-mail', esta vez, con la intención de demandarles si no recibían respuesta. “Me produce mucha pena que sea nuestro propio Gobierno quien se aproveche de una idea”, explicaban. “Está claro que hemos sido engañados”.

Tres semanas después, les instaron a una nueva reunión en Madrid, siempre según los 'e-mails' a los que ha tenido acceso este periódico: “Solo echaron balones fuera, nos decían que la suya era diferente, que su aplicación podía llamar directamente a la policía y la nuestra no, ¡claro, porque nosotros solos no podemos!”, se indigna Juan Manuel. “Incluso preguntamos al responsable del proyecto cómo se le ocurrió la idea y no sabía ni qué contestar”.

En esa reunión, ya en enero de 2015, les enseñaron también la adjudicación de desarrollo de la aplicación a Telefónica, pero no les dejaron llevarse una copia alegando que se encontraba en el BOE. Sin embargo, revisaron el Boletín Oficial del Estado, día a día, y no dieron con ella. Tampoco este diario ha sido capaz de encontrarla en el BOE ni en la Plataforma de Contratación pública.

Parecidos razonables

Echando un vistazo a ambas aplicaciones, es fácil ver las similitudes, sobre todo en la primera versión de AlertCops, a pesar del cambio de color y diseño visual. En el menú inferior, ambas cuentan con botones para alertar rápidamente y un registro de las alertas de cada usuario, además de un fácil acceso a los datos personales. Además, al pulsar cada botón de la pantalla principal, ambas aplicaciones redirigen a otro menú donde dar más datos sobre el posible delito. También hay funcionalidades como 'localizar' que ambas comparten.

A pesar de que durante un tiempo los dos socios se plantearon llevar el caso ante la Justicia, lo fueron posponiendo aconsejados por sus abogados por el tiempo y dinero que les iba a suponer litigar contra el Estado, aunque el presunto delito aún no habría prescrito y no lo descartan.

Consultado por este periódico, el Ministerio de Interior se ha limitado a asegurar que la idea de la aplicación surgió del propio Jorge Fernández Díaz al principio de asumir su cartera. “Una vez realizados todos los trabajos internos necesarios para comenzar con su desarrollo (esto se efectuó a principios del año 2013), se redactaron los documentos necesarios para la licitación pública del mismo”, afirman desde la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque no facilitan el anuncio de licitación ni la adjudicación, a pesar de haber sido solicitados por este periódico.

“En ningún momento nos dijeron que estuvieran trabajando en algo similar”, explican los cántabros, El ministerio reconoce la reunión con ellos, “se les contestó a todas las dudas que plantearon sobre el proyecto, la 'app' y el servicio, así como del proceso de licitación que había tenido lugar casi dos años antes”.

Al final, Javier y Juan Manuel no llegaron nunca a poner en el mercado su aplicación. Sin el apoyo de las fuerzas de seguridad, dicen, no tenía ningún sentido y además ningún inversor quiere apostar por ella sabiendo que puede haber litigios con el Estado. No pueden calcular el dinero que han perdido en llevarla adelante alentados por las fuentes policiales que les animaron a seguir. Tampoco lo que han dejado de ganar por no llegar a ser ellos los elegidos finales, con los consiguientes servicios de mantenimiento, desarrollo de la intranet que utilizaría la policía e implantación en comisarías: “Teníamos una previsión de descargas muy alta, sobre todo si nos apoyaba la policía, porque era pionera en Europa, pero ya no podemos hacerlo porque la gente no cambiaría de 'app' y porque el recorrido no es igual si te apoya el Gobierno" explica Juan Manuel. “Al final, quien llega primero llega dos veces”.

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