...5.000 inmigrantes
La Fiscalía pide para ella cuatro años de cárcel en una causa abierta en la Audiencia Nacional que investiga una estafa millonaria a más de 5.000 inmigrantes, pero Mónica González, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz), que gobierna el PP, se considera "una víctima más" de la trama.
La concejal llegó a ser administradora única de la empresa Eurowork, responsable del engaño a inmigrantes suramericanos interesados en obtener un empleo en España. Les pedían más de 450 euros después de realizarles una promesa de visado y trabajo. Al final, la sociedad acabó apropiándose de más de 2,5 millones de euros. Los clientes nunca lograron el empleo prometido ni recuperaron el dinero.
El proceso ha estado paralizado varios años porque Luis Batlle, el jefe de la empresa, se encontraba en paradero desconocido. Finalmente, llegó a España tras ser extraditado el pasado mes de julio después de haber sido detenido en octubre de 2014 en Tailandia con pasaporte falso y haciéndose pasar por chef. Antes, había estado en las Bahamas. El juicio está ahora a la espera de que se fije fecha para su celebración en los próximos meses.
Mónica González, la concejal del PP imputada en el caso, compareció ayer públicamente para ofrecer su versión acerca del papel que ella desarrolló en Eurowork. "Soy una víctima en todo este proceso -proclamó-, pero me alegro de que por fin hayan detenido a este hombre. Son 10 años ya de sufrimiento".
Según cuenta, el jefe de la empresa, Luis Batlle, le pidió que se hiciese administradora en su ausencia, pues él tenía que atender otros asuntos comerciales. Acabó siendo administradora única de Eurowork con 26 años, recién terminados sus estudios de Derecho y un máster de Extranjería con el que "pretendía ayudar a los inmigrantes".
El proyecto de Eurowork le motivó, recuerda, y entró en una empresa que en principio tenía como fin facilitar a inmigrantes un contrato de trabajo. Su labor era tratar con todos los inmigrantes que se interesaban y ayudarles.
Cuando se descubrió el engaño, la edil del PP afirma que la dejaron «sola en el barco» y tuvo que tratar con los perjudicados directamente. "Hemos tenido que abordar todas las deudas que este hombre dejó con la empresa, he tenido que pagar coches de la empresa sin tener carné de conducir, multas de tráfico", aseguró.
Mónica González se congratula ahora de que por fin se pueda celebrar el juicio para "demostrar" su "inocencia". Mantiene que no se ha apropiado del dinero de los "pobres inmigrantes" y que su culpabilidad reside en haberse ilusionado en un proyecto finalmente fraudulento.
La compañía tenía filiales en América Latina, motivo que hizo creer a González que los procedimientos respondían a la legalidad. "Era mi primer trabajo remunerado y para lo que había estudiado", relataba ayer entre lágrimas, mientras subrayaba que ella es una "activista social" y que no tiene "nada que ocultar". No obstante, admite su firma como administradora única. "Yo le dije [al jefe de la empresa] que temporalmente sí, hasta que vinieran los socios americanos. Vinieron y dejé de ser administradora; hoy me encuentro imputada por haber firmado y confiado en un proyecto de una persona que luego resultó que venía a estafar".
El alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, que acompañó a la concejal en su comparecencia pública, se declaró conocedor de los hechos y de la causa que tenía pendiente su edil, a la que defendió en todo momento. Comparte que su compañera de partido y de equipo de gobierno es una "víctima".
Romero alega que el hecho de participar en una candidatura de unidad popular, como es Sí Se Puede Puerto Real, ha hecho que cobre mayor dimensión el proceso a pesar de que, según dijo, la causa judicial estaba encauzada de forma "positiva" y "tranquila".
"En ese momento no era un cargo público, no hubo ningún dinero público por medio que se pudiese llevar. No incumple nuestro código ético, no ha habido enriquecimiento personal", mantuvo el alcalde de Puerto Real.
En cualquier caso, Mónica González se mostró a disposición de lo que decida la asamblea local del PP en Puerto Real en torno a su cargo. "Condiciono mi continuidad a lo que diga la asamblea", declaró.
Precisamente, la formación política acordó ayer iniciar el proceso para la suspensión cautelar de militancia de la edil de Hacienda del Consistorio puertorrealeño y, "si procede", su acta de concejal, según anunció su secretaria local, Inmaculada Padilla. El puesto de concejal de la imputada queda a expensas de lo que decida el órgano estatal en Madrid. PP Puerto Real llevará el caso a la Comisión de Derechos y Garantías del partido.
Victima o mangante? Yo tengo mis dudas. Probablemente debido a la ignorancia la pobre fue engañada igual que los inmigrantes.
