l pasado año 2018 asistimos a dos episodios críticos en la lucha de España contra la inmigración ilegal, contra el tráfico de personas organizado por mafias que operan en África aprovechando la nula presencia policial y militar europea en las costas del norte del continente africano.
Uno de ellos se produjo el 17 de junio de 2018, con la cinematográfica llegada del barco «Aquarius» al puerto de Valencia con 630 migrantes a bordo. El segundo fue el que se desencadenaba a continuación debido al efecto llamada que supuso este gesto y que especialmente afectó en los siguientes meses a Andalucía y que tuvo sus consecuencias políticas en las elecciones autonómicas de diciembre de ese año. Esta comunidad se vio desbordada por las decenas de miles de llegadas de embarcaciones que se sucedieron desde junio. Sus infraestructuras de acogida se mostraron del todo insuficientes para ofrecer asistencia a tantas personas que huían de sus países en busca de otra vida.
Poco después, los españoles despedíamos ese año 2018 conociendo una preocupante noticia: España había conseguido pulverizar todos los récords de llegadas de inmigrantes ilegales por vía marítima. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia multinacional asociada a la ONU, un total de 57.250 irregulares consiguieron llegar a nuestras costas mediterráneas. Estos datos multiplican la invasión de cayucos registrada en el año 2006, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno.
Esta es la razón por la que encontramos los picos más altos de preocupación de los españoles por la inmigración irregular en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizados en julio de 2018 y enero de 2019, tras el caso del «Aquarius» y el efecto llamada consiguiente que tuvo su mayor incidencia en otoño. En ambos sondeos se alcanzó el 11,1 por ciento. Siendo, de esta forma, el quinto y sexto problema, respectivamente, denunciado por los españoles.
Hay que recordar que el año pasado se iniciaba con tan solo el 4,6 por ciento de los españoles preocupados por la inmigración. Entonces, hace poco más de año y medio, ocupaba el undécimo puesto entre los principales problemas del país para los ciudadanos, según la encuesta del CIS.
Pero la primavera de este año trajo una mejora en las condiciones de la mar y se reanudó la llegada masiva de inmigrantes desde África, alcanzado en junio pasado su máximo del año. El barómetro del CIS de dicho mes recoge en su estudio demoscópico un importante incremento en la preocupación que muestran los ciudadanos ante este hecho, aumentando hasta el 11,8 por ciento de españoles que sí que lo considera un problema y ocupando ya el puesto número seis entre las inquietudes de los españoles. Es decir, en apenas 18 meses la preocupación por la inmigración ha crecido prácticamente un 156 por ciento.
Si se valoran los resultados teniendo en cuenta el partido al que votan los ciudadanos, se ve cómo los votantes del Partido Popular son los más sensibles a esta situación: el 17,4 por ciento de los populares se muestran preocupados. Tras ellos, los votantes de Ciudadanos, con el 15 por ciento; y los electores del Partido Socialista, con el 9,6 por ciento.
Por último, a los que menos le preocupa la inmigración ilegal es a los votantes de Unidas Podemos; tan sólo lo considera un problema el 3,7 por ciento de los electores morados. Estos datos por votantes son muy similares a los registrados en los dos momentos álgidos anteriores: julio de 2018 y enero de 2019.
La exitosa fórmula española aplicada para acabar en 2006 con la llegada de las pateras desde la costa occidental africana fue la de desplegar fuerzas terrestres, aéreas y navales para frenar in situ el éxodo hacia España.
Europa debe aprender de la estrategia española y controlar las riberas sur y este del Mediterráneo. De este modo no habría más personas a rescatar por el «Aquarius» ni tampoco por el buque de ayuda humanitaria «Open Arms».
