Protestas de los agricultores

Menos papeleo. La PAC, según el sector, se ha instalado en la burocracia: coexisten multitud de normas y exigencias de seguimiento y control, suelos sostenibles, plazos, técnicas de laboreo, manejo de animales y uso de medios de producción, como si detrás de cada peticionario de ayuda hubiera un posible defraudador. Eso lleva a que cada explotación sea como una gestoría. La última edición de esta normativa europea incluye, por ejemplo, el uso obligatorio de un Cuaderno Digital donde llevar un registro de las actividades agrícolas realizadas. “¿Cómo se supone que vamos a usarlos si en muchas de las zonas de cultivo ni siquiera hay internet?”, se pregunta Pedro Barato, presidente nacional de Asaja.

Frenar la competencia exterior desleal. El sector acusa a la Comisión de poner a disposición de países de fuera de la UE auténticas autopistas de entrada para sus productos y, en la mayor parte de los casos, sin limitaciones en volumen, con reducción de los precios de acceso, y sin que se les exijan las mismas condiciones que a los agricultores europeos. Sobre todo apuntan a criterios más flexibles en el uso de productos fito y zoosanitarios, así como en el cumplimiento de prácticas respetuosas con el medio ambiente, bienestar animal o normativa salarial.

“En lugar de solucionarlo, se han firmado nuevos acuerdos comerciales como el de Mercosur”, denuncia Miguel Padilla, secretario general de Coag. “La entrada de carne de vacuno desde Sudamérica, por ejemplo, podría suponer un lastre para la producción nacional. Lo mismo pasa con el cordero de Nueva Zelanda o la importación de tomates y hortalizas desde Marruecos”, concreta. En el caso de Mercosur, sin embargo, el acuerdo no ha entrado en vigor ni se espera que lo haga a corto plazo, sobre todo por las reticencias de Francia.

En un comunicado conjunto, los sindicatos mayoritarios Asaja, Coag y Upa han reclamado la paralización de las negociaciones de acuerdos como el de Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se detengan las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. “Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE”, insiste el escrito.

Menos restricciones a los fertilizantes. En unos mercados globalizados, el sector rechaza las fuertes exigencias de reducción en el uso de los fertilizantes, de entre un 20% y un 50% en el empleo de productos fito y zoosanitarios, por disminuir el rendimiento de sus cosechas y dificultar su competitividad internacional.

Medidas ambientales menos rígidas. Son las exigencias que despiertan mayores temores, al ser de obligado cumplimiento para cualquier agricultor. Entre ellas están la rotación de los cultivos, la obligación de dejar los pastos permanentes, la no quema de rastrojos, dejar los márgenes suficientes junto a los ríos para evitar vertidos, la prohibición de no labrar en pendiente, las superficies de abandono obligatorio del 4%, la protección de los humedales o la no destrucción de elementos del paisaje como los setos.

Desde el sector se pide una mayor flexibilidad, que las exigencias medioambientales contemplen un mayor equilibrio y que se tenga en cuenta también la rentabilidad de las explotaciones.

Más rentabilidad. Durante los últimos años, como resultado de los problemas logísticos globales y la guerra en Ucrania, se han incrementado con fuerza los costes de producción, con encarecimientos de la energía, las semillas, los fertilizantes o la maquinaria. Los agricultores denuncian la pérdida de rentabilidad y de competitividad frente a las importaciones masivas más baratas desde terceros países. El sector reclama que se aplique de verdad la Ley de la Cadena Alimentaria, por la que se obliga a pagar unos precios en origen que al menos cubran los costes de producción, y ven fundamental que lo cumpla la gran distribución, el final de la cadena.