PSOE y Podemos se alían para intervenir el precio del alquiler y limitar las subidas.
Proponen, además, vincular las subidas de los precios a los incrementos del IPC, a semejanza de lo que se hace en París.
El PSOE quiere 'pinchar' la burbuja del alquiler y ya se ha comprometido a apoyar la tramitación del proyecto de ley sobre Vivienda, que ha elaborado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y que han llevado al Congreso los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDeCAT y Bildu. A pesar de que el Partido Socialista prevé plantear algunas modificaciones al texto, hay una de las propuestas que está calando de manera significativa en el equipo de Sánchez: limitar, de alguna manera, el precio de los alquileres, que subieron de media un 8,9% en 2017, llegando estos incrementos al 20% en ciudades como Madrid o Barcelona.
Concretamente, lo que plantea este proyecto de ley es implantar un precio máximo en el alquiler de una vivienda en función de las características del piso, como su ubicación o el número de habitaciones. Por otra parte, propone que el precio de la renta no se pueda incrementar más allá del IPC, a imitación de París, donde desde agosto de 2015 los nuevos contratos de alquiler y los que se renueven con revisión de la renta tienen que ajustarse a las limitaciones en el precio puestas por la Ley Alur. Por último, la propuesta de ley prevé que un contrato de alquiler sea obligatoriamente de cinco años cuando sea entre particulares y de 10 años si es con una sociedad.
En cuanto a esta propuesta, fuentes del PSOE consideran que "fijar un precio por zonas no es mala idea", pero consideran que se debe ir más allá, con una modificación del texto para incluir una clausula por la cual esté también condicionado por la renta del inquilino. "Un precio máximo puede perjudicar por atender de la misma forma a personas que se encuentren en situaciones más desiguales que otras económicamente", comentan, a lo que añaden que habría que tener cuidado a la hora de controlar que los propietarios cumplan la ley y no se genere una "economía sumergida".
Ya en septiembre, el partido de Sánchez se unió a Unidos Podemos, ERC y el PDeCAT, y aprobó una proposición no de ley que planteaba "llevar a cabo las medidas oportunas para posibilitar que los municipios que acrediten fuertes incrementos de precios de alquiler puedan, en coordinación con sus Comunidades Autónomas, regular esas subidas". Esta solución ya se aprobó el pasado junio en Cataluña, cuando se limitó el incremento de los alquileres a un índice que toma como referencia las fianzas depositadas en el Incasòl y valora criterios como la superficie, la ubicación, el estado de la casa, la eficiencia energética o si está amueblado o no.
Rescatar la la Renta Básica de Emancipación
Como complemento a esta medida, desde el PSOE también proponen rescatar la Renta Básica de Emancipación del gobierno de Zapatero, esto es, subvención de 210 euros mensuales a los jóvenes para pagar el alquiler. En 2011, último año que se aplicó, se destinaron 400 millones de euros a esta partida presupuestaria, pero el PP eliminó la medida en los Presupuestos Generales de 2012, además de poner fin a la desgravación por la compra de vivienda habitual. "Proponemos, a corto plazo, una ayuda a pagar la renta para una generación con dificultades para independizarse; a medio plazo, una reforma de la LAU que estabilice el mercado y a largo plazo, reorientar el parque de vivienda pública para destinarlo al alquiler", aseguran los socialistas.
Este último punto supondría "impulsar la creación de un parque público de alquiler utilizando las viviendas vacías de grandes tenedores, prioritariamente, la Sareb y las entidades financieras, que no estén cumpliendo su función social, de manera que se incorporen mecanismos legales que obliguen a que los inmuebles residenciales desocupados propiedad de estas grandes tenedoras pasen a formar parte del parque público de alquiler". Es decir, que las viviendas que no consiguen colocar los bancos pasen a ser destinadas a alquileres sociales.