Victoria del taxi. Y por goleada. El Gobierno acaba de aprobar hoy en el Consejo de Ministros su proyecto de real decreto-ley para salvarlo de Uber y Cabify. La noticia, adelantada por Teknautas este miércoles y confirmada ahora por Fomento, supone un movimiento muy delicado por la forma en la que se produce: pocos días antes de que el Supremo presente una sentencia que podía liberalizar el sector al completo. Para evitarlo, satisfacer al taxi y proteger los intereses de millonarios inversores en licencias VTC, el Gobierno ha creado una ley 'in extremis' a medida, en una decisión que fuentes consultadas califican de "rescate encubierto al taxi" y "atentado contra la separación de poderes". Y no solo eso: la ley va a generar una nueva batalla judicial que puede alargarse durante años y lastrar, una vez más, a todo el sector.
"Agradecemos el apoyo del Gobierno y a todos los partidos políticos. Una sentencia liberalizadora del Supremo habría supuesto la ruina de más de 100.000 familias", ha dicho Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi, la asociación de taxistas clave que ha negociado con el Ejecutivo. Para desactivar el fallo del Supremo, Fomento ha decidido lanzarse a la piscina y aprobar una normativa que eleva a rango de ley dos de las barreras fundamentales a las empresas que operan con Uber y Cabify: el polémico ratio 1/30 (no puede haber más de una licencia VTC por cada 30 taxis) y la territorialidad (los coches VTC no pueden realizar más del 20% de su actividad fuera de su CCAA).
El resumen:
El Gobierno ha aprovechado esta confluencia cósmica del temor del taxi a desaparecer y el de las VTC a Uber y a perder su inversión para sacar de la chistera un decreto-ley que, más o menos, satisface a todas las partes. Incluso parece haber logrado los apoyos políticos suficientes para aprobarlo en el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días. Sobre el papel es una jugada redonda. En realidad, se puede acabar convirtiendo en una pesadilla jurídica. Y todo por saltarse al Supremo.
