El TS sentencia: La gestación subrogada vulnera derechos

LAS LEYES DE PRIVILEGIOS LGTBI. EL EJEMPLO DE MADRID.
I) INTRODUCCIÓN.
Este trabajo pretende informar al lector sobre el contenido de diversas
leyes aprobadas en los últimos tiempos en varias CCAA sobre la sexualidad
con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación
sexual. Tales leyes suponen un riesgo para el Estado de derecho y el
régimen de libertades, pero no hay conciencia general de lo que suponen
pues se presentan con una apariencia de buenismo y envueltas en un
lenguaje suave de derechos y lucha por la igualdad que no se corresponde
con su contenido real.
Con este análisis pretendemos informar sobre el contenido de estas leyes,
explicar su contenido, despertar conciencias sobre las amenazas que
suponen y suscitar un debate sobre cómo defender la libertad.
Desde el principio queremos dejar claro que el autor de estas líneas
comparte el objetivo de aplicar el derecho europeo y español
antidiscriminación en favor de quienes las leyes que criticamos
denominan personas LGTBI a fin de que se acaben superando las
discriminaciones históricas injustas contra estas personas De lo que
discrepamos totalmente es del intento de imponer una ideología o visión
concreta de la sexualidad a todo el mundo; pues la lucha contra la
discriminación que históricamente han padecido estas personas no lo
exige y resultaría contrario a las libertades de todos.
A favor de la lucha contra la discriminación, sí; a favor de la imposición de
una ideología, no.
A) Las leyes de privilegios LGTBI en España.

1. En los últimos años se vienen aprobando leyes en distintas CCAA que -
   con nombres que aluden a la lucha contra la discriminación por
   orientación sexual o expresiones similares- suponen el mayor atentado a
   las libertades de pensamiento, de expresión, de educación y religiosa que
   amenaza hoy a nuestra sociedad. Dado que sin estas libertades la
   democracia no es posible, esas leyes suponen un riesgo para la propia
   democracia.
   La anterior afirmación es fuerte pero está objetivamente fundada, como
   intentaré demostrar a lo largo de este documento.
2. Todas estas leyes responden a una matriz común, aunque presentan
   variaciones que hacen su contenido más o menos grave. Con carácter
   general se puede decir que cada una que se aprueba es más radical que la
   anterior, pues toma el modelo de la que la precede pero añade algunas
   novedades que radicalizan el modelo. La primera que se aprobó –la
   gallega- es la más moderada de todas; la última (por el momento) –la
   madrileña- es la peor de todas. Y habrá nuevas leyes en las CCAA que
   faltan y en cualquier momento se aprobará una ley similar en el Congreso
   de los Diputados, quizá con el rango de orgánica, que tendría mucha más
   capacidad normativa para incidir negativamente en los derechos y
   libertades de todos los españoles.
   Por lo tanto, estamos viviendo un proceso que no ha hecho más que
   empezar y respecto al cual los ciudadanos que amamos la libertad
   debemos estar informados para poder estar en condiciones de defender
   nuestros derechos. A facilitar tal información pretende contribuir este
   documento.
3. Para analizar con detalle el contenido de estas leyes tomaremos como
   referencia la ley madrileña – ley 3/2016, de 22 de julio de protección
   integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e
   identidad sexual en la Comunidad de Madrid, publicada en el BOCM del 10
   de agosto de 2016- para no alargarnos demasiado con la exégesis de cada
   una de las leyes existentes.
   Junto a esta ley, en Madrid se aprobó otra – la ley 2/2016, de Identidad y
   Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la
   Comunidad de Madrid, publicada en el BOCM de 26 de abril de 2016- que
   es muy similar a la anteriormente citada, pero referida específicamente a
   la transexualidad. En este trabajo todas las citas legales lo son a la ley
   3/2016 si no se dice otra cosa expresamente.
   ¿En qué radica la novedad de estas leyes? En lo siguiente:
   a) Contienen numerosos preceptos que no suponen ninguna novedad
   normativa pues no hacen más que reproducir respecto a las personas
   denominadas (por las mismas leyes) LGTBI lo que ya dicen los tratados
   internacionales, la Constitución y la normativa antidiscriminación española
   y europea respecto a todos los seres humanos. Este tipo de preceptos
   podrían también inspirar leyes singlares sobre los blancos, los negros y los
   amarillos, sobre los calvos, los ancianos, los enfermos, los sanos, los
   rubios, los albinos o los amantes del ajedrez…porque todos éstos son
   seres humanos que ya están amparados por esas normas vigentes en
   materia de derechos humanos y lucha contra la discriminación.
   Este tipo de preceptos son conceptualmente innecesarios dado que no
   suponen ninguna novedad jurídica, pues lo que las leyes dicen para todos
   los seres humanos ya está dicho también para los (así denominados) LGTBI
   puesto que estas personas son tan humanos como los no LGTBI. Pero su
   reproducción en estas leyes les da una apariencia estética de ser
   promotoras de derechos y libertades a fin de encubrir mejor sus
   contenidos atentatorios contra las libertades y derechos de todos. Es una
   operación de marketing y maquillaje bien pensada y fácil de explotar en
   términos de opinión pública: quienes apoyan estas leyes serían
   promotores de derechos y quienes nos oponemos seríamos contrarios a
   los derechos y las libertades personales. A esta apariencia contribuye el
   título de tales leyes que no se corresponde para nada con su contenido
   como veremos con detalle.
   Si estas leyes se limitasen a reproducir para los así llamados LGTBI tales
   normas del derecho común no resultarían nocivas para la libertad y los
   derechos humanos, aunque fuesen innecesarias por meramente
   reiterativas de normas ya vigentes.
   b) estas leyes contienen abundantes normas que dan a las organizaciones
   sociales adscritas al lobby LGTBI y a quienes difunden sus ideas,
   numerosos privilegios y un acceso prioritario a la financiación pública
   hasta el punto de que estas organizaciones quedan constituidas en una
   especie de Administración pública paralela financiada con cargo al dinero
   de todos. A la luz de los privilegios que se otorgan a estas asociaciones y
   de la cantidad de preceptos dedicados a reforzarlas y convertirlas en
   parasitarias del presupuesto público resulta evidente que ésta es una de
   las finalidades principales de estas nuevas leyes.
   c) asimismo, con estas leyes se otorga a las personas por ellas
   denominadas LGTBI, privilegios en diversos campos de los que carecemos
   los demás ciudadanos; aunque las mismas leyes no dudan –
   contradictoriamente con su finalidad aparente de ampliar derechos- en
   restringir los derechos de los LGTBI negándoles derechos que los demás sí
   tenemos cuando el ejercicio de tales derechos se opone a los prejuicios
   ideológicos de género (por ejemplo, los LGTBI no podrían acudir a
   profesionales que les ayudasen a modificar su tendencia homosexual si así
   lo deseasen, aunque podrían acudir a un brujo, al chamán de la tribu o al
   echador de cartas para cualquier otra finalidad que no se oponga a los
   postulados ideológicos de género).
   c) con estas leyes se restringen los derechos a la libertad de
   pensamiento, ideológica, religiosa y de educación y expresión de todos
   aquellos que no comparten los presupuestos ideológicos de género y la
   visión de la sexualidad de esta ideología; y se sancionan –a excepción de
   la ley gallega- con fuertes multas y otras sanciones (como la privación del
   derecho a subvenciones o ayudas públicas) a quienes no comulguen con
   los postulados en materia de sexualidad de la ley en cuestión. Esto es
   especialmente grave en materia de educación por la intensidad de la
   presencia administrativa en este sector y la especial y minuciosa atención
   que estas leyes prestan a esta materia.
4. Para entender estas leyes e interpretarlas correctamente es necesario
   empezar por captar la falacia antropológica en que se basan (que queda
   oculta tras una fraseología de derechos humanos): una concepción
   ideológica de la persona y la sexualidad muy discutible pero que se da por
   supuesta y se nos quiere imponer a todos hasta el punto de redefinir los
   derechos humanos por referencia a esa ideología con la consecuencia de
   que adscribirse a ella otorga nuevos derechos y discrepar de ella permite
   negar derechos y sancionar.
5. Los derechos humanos tal y como fueron definidos en la Declaración de
   1948 de NNUU y en las Constituciones de los países democráticos desde
   entonces, configuran un haz de valores o bienes objetivos propios de
   todos los seres humanos y dignos de ser protegidos porque encarnan
   facetas de la dignidad humana. Como tales, esos derechos reclaman una
   protección universal. Entre ellos está la libertad de la persona para
   desarrollar libremente su personalidad. La protección de derechos
   humanos ampara esa libertad pero no se extiende a sus contenidos: el
   Estado y yo debemos respetar el libre desarrollo de la personalidad de
   todos pero ni el Estado está obligado a difundir y exigir la adhesión de
   todos a la opción personal de cada uno ni yo estoy obligado a conocer ni a
   considerar digna de aprecio cada una de las opciones de los demás.
   Yo no violo el derecho de nadie al libre desarrollo de su personalidad si su
   opción vital me parece inmoral o antropológicamente errónea; si me
   niego a que se explique en la escuela de mis hijos como admirable y digna;
   si me niego a conocerla (a que me la “visibilicen” por mandato legal); si
   me opongo a que se gaste dinero público en difundirla; si me opongo a
   que se sancione a quien no comparta esa opción. Al revés, si adopto esas
   posturas estoy defendiendo la libertad de todos. Sin embargo las leyes de
   privilegios para lo LGTBI afirman lo contrario respecto a la visión de la
   sexualidad de la ideología de género.
   Por ejemplo, es un derecho humano mi libertad de expresión, pero lo que
   yo digo ejerciendo esa libertad no tiene categoría de derecho humano y
   puede ser criticado por cualquiera; no puedo alegar que no respeta mi
   libertad de pensamiento quien no se adhiere a mis ideas, siempre que no
   me prohíba expresarlas. Es un derecho humano la libertad religiosa, pero
   mi concepción religiosa particular en ejercicio de ese derecho no tiene por
   qué ser compartida por los demás, que respetarán mi libertad si no se
   oponen a que yo crea lo que quiera, pero sin que el respeto a mi derecho
   se extienda a que los demás tengan que creer o sr obligados a conocer lo
   que yo creo. Mi libertad de expresión intelectual o artística implica que yo
   escribo o pinto lo que quiero, pero no se extiende a que todo el mundo
   deba leer mis libros y ver mis cuadros y, menos aún, a que todos tengan
   que decir que les gustan mis libros o cuadros. Sin embargo las leyes de
   privilegios para lo LGTBI afirman lo contrario respecto a la visión de la
   sexualidad de la ideología de género.
   Yo tengo derecho a configurar mi sexualidad como quiera, pero esa
   libertad no se extiende a que los demás deban conocer necesariamente
   mis gustos sexuales ni menos aún a que deban decir que les parecen
   dignos de aprecio e imitación; y, aún menos, a pretender que mis
   opciones sexuales personales deban ser objeto de exposición obligatoria
   en todas las escuelas del país en clave positiva. Aún más irracional sería mi
   pretensión de que los medios de comunicación deban visibilizar
   obligatoriamente mis opciones sexuales y en clave positiva. Y ya sería el
   colmo si además pretendo que se sancione por la Administración a quien
   no exhiba mi estilo de vida sexual o a quien discrepe del mismo como
   digno de aprecio. Sin embargo las leyes de privilegios para lo LGTBI
   afirman lo contrario respecto a la visión de la sexualidad de la ideología
   de género.
   Yo tengo derecho al libre desarrollo de mi personalidad, pero eso no
   implica que yo tenga derecho a que la forma en que yo me autodetermino
   como persona libre sea presentada obligatoriamente a los demás como
   digna de ser conocida y, menos aún, como digna de aprecio y valoración
   positiva. Mi derecho se respeta si se me deja organizar mi vida en
   libertad, pero yo estaría violando la libertad de los demás si pretendo que
   mi derecho de autodeterminación se extiende a que los demás deban
   estudiar y conocer mi estilo de vida y, además, a valorarlo como positivo.
   Mi pretensión sería aún más absurda si exijo como parte de mi derecho al
   libre desarrollo de mi personalidad que en todas las escuelas españolas mi
   opción personal se explique a todos los escolares y además presentándola
   como digna de aprecio obligatorio y negando el derecho a que
   quienquiera diga que le parece poco acertada o poco recomendable o, al
   menos, que no es la ideal. Sin embargo las leyes de privilegios para lo
   LGTBI afirman lo contrario respecto a la visión de la sexualidad de la
   ideología de género.
   Carecería aún más de fundamento que yo pretendiese que mi forma de
   autodeterminarme personalmente, por ejemplo en materia sexual, fuese
   de enseñanza obligatoria en todos los centros escolares, formarse parte
   necesariamente del proceso de formación de todos los funcionarios,
   inspirase los servicios públicos como la sanidad o la educación; y, además,
   si yo pretendiese que el Estado sancionase con fuertes multas a quien
   manifieste que no le interesa mi estilo de vida, que no quiere que se le
   muestre a sus hijos en la escuela o a quien diga que mi estilo de vida le
   parece no recomendable o no digno de imitación y aprecio. Sin embargo
   las leyes de privilegios para lo LGTBI afirman lo contrario respecto a la
   visión de la sexualidad de la ideología de género.
   Las leyes de privilegios para lo LGTBI que comentamos pretenden
   precisamente eso que acabamos de decir que no es exigible y que,
   además, resultaría contrario a las libertades de los demás.
   La dificultad terminológica.
6. Interpretar estas leyes –su mera lectura- tiene una dificultad
   suplementaria: son normas escritas usando el lenguaje elaborado en los
   últimos años en el seno del pensamiento ideológico de género que
   supone, por una parte, la reelaboración del contenido conceptual de
   términos clásicos y, por otra, el invento de neologismos de uso exclusivo
   por el lobby LGTBI hasta hace poco (por ejemplo, el propio acrónimo
   LGTBI). Se trata de un lenguaje fuertemente ideologizado que pretende
   reescribir y reinterpretar la realidad de la sexualidad y de los derechos
   humanos.
   Este nuevo lenguaje de género (una verdadera “neolengua” como
   describe a ésta Orwell en su novela 1984) en los últimos años ha ido
   incorporándose al discurso político, a declaraciones de organismos
   internacionales de todo tipo y ahora -con estas leyes- se incorpora a la
   legislación española con fuerza. Su uso por la ley atrae a ésta toda la carga
   ideológica de ese movimiento y dificulta la interpretación objetiva de la
   norma, generando así inseguridad jurídica y -a la vez- una cierta
   ambivalencia sobre los contenidos de la norma.
7. Por ejemplo, términos o expresiones como “orientación sexual”,
   “identidad de género”, “personas trans”, “visibilidad de la diversidad”,
   “LGTBIfobia”, “identidad sexual”, “persona LGTBI”, “cultura LGTBI”,
   “situaciones LGTBIfóbicas”, “grupo organizado de ideología
   fehacientemente LGTBIfóbica”, “diversidad sexual” y otros muchos más,
   aparecen en el articulado de estas leyes como si formasen parte del
   castellano de uso común y su significado estuviese acrisolado en la
   tradición jurídica española.
   Por eso, la comprensión e interpretación de estas leyes exige conocer con
   cierta solidez la ideología de género y su elaboración doctrinal y lingüística
   a fin de poder interpretar con rigor el mandato legal y sus riesgos; pues el
   conocimiento de este acerbo ideológico ayuda a valorar mejor los riesgos
   para las libertades que estas normas suponen y, a la vez, a superar el
   voluntario velo tendido sobre sus fines reales mediante el uso de una
   terminología confusa para el común de los mortales.
   C) Las trampas conceptuales: los supuestos ideológicos de la ley.
8. A esa dificultad terminológica se añade una trampa conceptual: el uso
   de términos clásicos con contenido novedoso no explicitado claramente.
   Especialmente relevantes son el uso de los conceptos de
   persona/personalidad (LGTBI), discriminación e identidad, a los que
   merece la pena referirse de forma singular antes de entrar en el análisis
   del articulado de la ley, pues tras esos términos se ocultan los supuestos
   ideológicos en que se basa la ley.
9. Primer supuesto ideológico: existen personas LGTBI que, como tales
   tienen derechos distintos a los del resto de las personas y esa
   singularidad se proyecta en un específico haz de obligaciones de los
   demás hacia esas personas LGTBI.
   Esta idea subyace a toda la ley y así se define en el art. 4.1.b) de la ley
   madrileña que establece como “principio fundamental que regirá la
   actuación de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas incluidas
   en su ámbito de aplicación” (que son según el art 2 “cualquier persona
   física o jurídica, pública o privada, cualquiera que sea su domicilio o
   residencia que se encuentre o actúe en el ámbito territorial de la
   Comunidad de Madrid”) el principio siguiente:
   “b) Reconocimiento de la personalidad: toda persona tiene derecho a
   construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género
   y su orientación sexual. La orientación, sexualidad e identidad de género
   que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y
   constituye uno de los aspectos fundamentales de autodeterminación,
   dignidad y libertad. Ninguna persona podrá ser presionada para ocultar,
   suprimir, negar o modificar su orientación sexual, expresión o identidad de
   género.”
   Por su parte, el art. 3 define a las que denomina “personas LGTBI” y
   “personas trans”, apareciendo así un nuevo sujeto de derechos en nuestro
   Ordenamiento jurídico distinto del común de los mortales y cuya mera
   existencia genera una especial carga obligacional a todos los demás que se
   concreta en todos y cada uno de los artículos de la ley. En virtud del
   “principio de personalidad” del art. 4.1.b), estas personas LGTBI o trans
   ven configurada su opción sexual como parte de una identidad personal
   que se puede imponer a los demás con rango de derecho fundamental,
   digno de aprecio y apología pública y universal, hasta el punto de que
   discrepar de esa concepción de la persona o negarse a difundirla se
   convierte en conducta sancionable e ilegal.
   Frente a este supuesto ideológico, se puede defender que la sexualidad
   personal (los propios deseos, conductas, afectos o pulsiones) son un
   ámbito de la libertad personal que no vincula a los demás en una
   sociedad libre. Cada uno puede hacer o sentir lo que quiera en materia
   sexual (con los límites del Código Penal) pero los demás tienen la misma
   libertad para considerar eso que uno hace o desea como bueno o malo,
   admirable o no, digno de ser visto o no, aceptable o no.
   Los seres humanos tenemos los mismos derechos sea cual sea nuestra
   autopercepción de la sexualidad y nadie puede imponer a los demás como
   vinculante esa autopercepción, violando los derechos a la libertad de
   pensamiento, ideológica o religiosa en la materia. Algo tan elemental es
   lo que rechaza esta ley que comentamos.
   Sobre la sexualidad se puede opinar en libertad; y, por tanto, también
   sobre la homosexualidad como sobre la heterosexualidad. Algo tan
   elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos.
   Desde el punto de vista de los derechos humanos no caben privilegios ni
   para los homosexuales ni para los heterosexuales, ni para los llamados
   LGTBI. Todos son seres humanos y gozan de los mismos derechos y
   obligaciones. Algo tan elemental es lo que rechaza esta ley que
   comentamos.
   Pretender imponer a toda la sociedad desde la ley y con el apoyo de las
   Administraciones públicas la visión de la sexualidad del colectivo LGTBI es
   incompatible con un régimen de libertades, por mucho que se intente
   disfrazar como una nueva categoría de derechos humanos para unos
   pocos a costa de la libertad de los demás. Algo tan elemental es lo que
   rechaza esta ley que comentamos.
10. Segundo supuesto ideológico: hay una identidad sexual o de género
    de la persona que se identifica con ésta y que solo cada uno puede
    definir y tiene derecho a imponer a los demás como rasgo definitorio de
    su personalidad y que determina un status jurídico singular y distinto del
    propio del resto de seres humanos. Esta es la idea que subyace a la
    definición de persona del art. 3 de la ley en sus apartados a) (definición de
    LGTBI), b) (definición de persona trans), m) (definición de diversidad de
    género), o) (definición de terapia de aversión o conversión de orientación
    sexual e identidad de género), p) (definición de identidad sexual o de
    género) y q) (definición de persona intersexual).
    Con más claridad aún lo define la ley 2/2016 de la CAM en sus art. 1.1 y
    4.1 que dicen lo siguiente:
11. Art. 1.1: “Identidad sexual y/o de género (es): la vivencia interna e
    individual del género tal y como cada persona la siente y auto
    determina, sin que deba ser definida por terceros, pudiendo
    corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
    y pudiendo involucrar la modificación de la apariencia o la función
    corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra
    índole, siempre que ello sea libremente escogido.”
12. Art. 4.1: “Toda persona tiene derecho a construir para sí una
    autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su
    orientación sexual. La orientación, sexualidad e identidad de género
    que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y
    constituye uno de los aspectos fundamentales de su dignidad y
    libertad. Ninguna persona podrá ser presionada para ocultar,
    suprimir o negar su identidad de género, expresión de género,
    orientación sexual o características sexuales. En el ámbito de
    aplicación de esta Ley, en ningún caso será requisito acreditar la
    identidad de género manifestada mediante informe psicológico o
    médico.”
    Esta es una teoría –la propia de la ideología de género- pero tan legítimas
    (al menos) son las que opinan lo contrario:
13. que los seres humanos somos hombres o mujeres y que esta
    dualidad constitutiva se ve modalizada en su expresión en la vida
    real por nuestra libertad, nuestras pasiones, nuestra hormonas,
    nuestros criterios morales, nuestros cromosomas, el ambiente que
    nos rodea, etc.
14. Que hagamos lo que hagamos con nuestra sexualidad y opinemos lo
    que opinemos sobre ella, seguimos siendo seres humanos con
    iguales derechos y obligaciones.
15. Que las opciones en materia sexual de cada cual ni alteran su
    personalidad ni identidad jurídica ni limitan los derechos de los
    demás para defender sus criterios e ideales en materia de
    sexualidad.
    La ley que comentamos hace suya la visión de la sexualidad y la persona
    propia de la ideología de género y sacrifica los derechos constitucionales
    de quienes no comparten esa ideología hasta límites insoportables
    jurídicamente, por esa asunción injustificada de una ideología particular
    con la que pretende identificar al ordenamiento jurídico y la actividad de
    las Administraciones públicas.
    Aunque no sea objeto de este trabajo, sí debemos dejar constancia de que
    la visión de la sexualidad de las leyes que comentamos está en contra de
    la evidencia científica en la materia hoy disponible como analizan con
    detalle, por ejemplo el American College of Pediatricians (Colegio de
    Pediatras de EE.UU.) cuando afirma que “nadie nace con un género; todos
    nacen con un sexo biológico”; o los profesores Lawrence y Mayerque que
    acaban de publicar en The New Atlantis una revisión de la bibliografía
    científica disponible al respecto concluyendo que la idea de la orientación
    sexual como algo innato y que no se puede cambiar y la de la identidad de
    género como propiedad innata e independiente del sexo genético carecen
    de fundamento científico.
    Por eso mismo, también nos parece muy poco prudente el tratamiento
    que se hace en la ley 2/2016 de la situación de los llamados “menores
    trans”, aunque no vamos a tratar aquí el tema por ser ajeno a la temática
    central de este trabajo.
16. Tercer supuesto ideológico: es una discriminación contra los
    homosexuales digna de sanción negarse a aceptar la visión de la
    sexualidad propia de la ideología de género y el concepto de persona
    LGTBI.
    Tal pretensión es inconsistente conceptualmente e inaceptable
    jurídicamente. Los homosexuales -como los heterosexuales- son
    acreedores a todo el respeto que merecen como personas, pero sobre su
    conducta y estilo de vida se puede opinar. Como respetar a un socialista
    no implica tener que aceptar el socialismo o como respetar la dignidad
    humana de un cristiano o de un musulmán no significa que todos deban
    afirmar la verdad del cristianismo o de la religión islámica. La conducta
    sexual, como la adscripción ideológica o religiosa, deben ser respetadas
    pero ese respeto no exige la adhesión de terceros a las opciones en
    libertad de aquel al que se respeta. Algo tan elemental es lo que rechaza
    esta ley que comentamos.
    Por otra parte, es un hecho que no todos los homosexuales defienden la
    concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos
    heterosexuales sí la defienden. Por lo tanto, no estamos ante un
    problema de derechos de los homosexuales, sino de negación del
    derecho a la libertad de quienes no comparten la ideología de género,
    sean homo o heterosexuales.
    Opinar que la conducta homosexual no es el ideal moral personal o lo
    contrario -como opinar lo mismo o lo contrario de la conducta
    heterosexual- forma parte de la libertad de pensamiento y no es
    discriminatorio contra nadie, sino expresión de la pluralidad de ideas que
    en esta materia hay, legítimamente, en nuestra sociedad plural. Algo tan
    elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos.
    Esta extensión gratuita e injustificada del concepto de discriminación es
    una de las mayores trampas de la ley que puede condicionar su aplicación
    y suponer un riesgo para las libertades públicas de todos. Si se interpreta –
    y así lo hacen las asociaciones LGTBI a las que la ley ampara y protege
    hasta darles un status paraadministrativo- que cualquier opinión
    discrepante sobre el valor moral o antropológico de la conducta
    homosexual es una discriminación, la libertad de opinión en materia de
    sexualidad se habrá acabado en España y será sancionable la transmisión
    de la vieja sabiduría de raíz cristiana sobre el hombre.
    Un ejemplo de naturaleza oficial de la estrategia de imposición en la
    escuela de la ideología de género es el documento de 2015 aprobado por
    el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad que consta en la web
    de este Ministerio y lleva por título “Abrazar la diversidad: propuestas
    para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico”. Leyendo
    este documento se puede apreciar el tipo de estrategias que al amparo de
    las leyes que comentamos se pueden pretender imponer en las escuelas y
    se puede visualizar cómo la oposición a esos planteamientos resultará
    sancionable conforme a las normas de derecho sancionador de tales leyes
    si se interpretan en clave ideológica de género.
    II) ANÁLISIS DEL ARTICULADO DE LA LEY.
17. No es nuestra intención analizar con detalle todos y cada uno de los
    artículos de la ley pues se alargaría en demasía este trabajo, dado que la
    misma dedica preceptos a casi todos los ámbitos concebibles de actuación
    humana con el objeto de imponer o privilegiar en ellos la visión de la
    sexualidad propia de la ideología de género. Hay en esta ley normas
    referidas a la familia, la Administración, las empresas, los jóvenes, la
    estadística, la escuela, la Universidad, la contratación pública, las
    subvenciones, la policía, la justicia, los medios de comunicación, la
    sanidad, la formación de los funcionarios, el personal docente y sanitario,
    las relaciones laborales, el ocio, el deporte, las bibliotecas, el turismo, la
    inmigración, la cooperación al desarrollo, etc.
18. Por ello vamos a centrar nuestro análisis en los grandes apartados de
    especial interés en materia de derechos y libertades públicas:
    a) los privilegios jurídicos de los denominados LGTBI y sus asociaciones
    b) las afecciones al derecho a una educación en libertad.
    c) el derecho sancionador.
    A) Los privilegios jurídicos de los denominados LGTBI y sus asociaciones.
19. Según define Wikipedia, “Privilegio es la ventaja exclusiva o especial
    (como la exención de una obligación general o el permiso para realizar una
    actividad en condiciones de exclusividad) que goza alguien por concesión
    de un superior o por determinada circunstancia propia. Se opone al
    moderno concepto de derechos, y puede identificarse con el antiguo
    concepto de honor. Respondiendo a su origen etimológico
    (el latín privilegium), puede definirse como una "ley privada", o sea, no
    pública o general, sino relativa a un individuo o cuerpo social específico y
    distinguido de los demás”.
    Esta definición resalta acertadamente los dos matices conceptuales de
    todo privilegio: implica un otorgamiento por la autoridad de una ventaja a
    alguien y es lo contrario del concepto moderno de derechos.
20. A continuación hacemos un listado de algunos de los privilegios que la
    ley 3/2016 establece en favor de las personas LGTBI y sus asociaciones. No
    todas estas disposiciones son en sí mismas criticables, pero es muy
    discutible, en todo caso, que estos privilegios sean solo para los LGTBI. Por
    otra parte, muchas de estos privilegios tienen como contrapartida
    restricciones o amenazas a la libertad y derechos de los demás.
21. el art. 3 y el 4 definen, según explicamos más arriba, un nuevo sujeto de
    derecho: la persona LGTBI o trans que contará con un régimen jurídico
    especial y distinto al del común de los ciudadanos.
22. el art. 5 establece un régimen especial de tutela institucional de las
    personas LGTBI que no existe para el resto de los ciudadanos.
23. el art. 6 crea un Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid en que se
    integran las asociaciones LGTBI y personas de ese colectivo con funciones
    consultivas, de informe y propuesta hacia la Administración autonómica.
24. el art. 7.2 prohíbe en la sanidad madrileña las llamadas “terapias de
    aversión o conversión”, vieja pretensión del lobby ideológico de género
    que desprotege a los propios LGTBI que quieren recibir estos servicios en
    ejercicio de su libertad.
25. el art. 7.4 establece que “ninguna persona estará obligada a revelar su
    orientación sexual, identidad de género, expresión o comportamiento
    sexual”, precepto que puede violar derechos de terceros en determinadas
    situaciones dado que los LGTBI tienen derechos especiales.
26. el art. 8 obliga a la CAM a desarrollar políticas activas de integración
    sociolaboral de las personas LGTBI con medios y estructuras específicos y
    singulares
27. el art. 9, entre otras cosas, garantiza “recursos residenciales” para los
    LGTBI en situaciones de presión o maltrato y compromete a la CAM en el
    desarrollo de medidas de “visibilización” de los LGTBI.
28. el art. 10 compromete a la CAM en el “apoyo y visibilización” a las
    asociaciones LGTBI
29. el art. 11.1 permite violentar el principio de igualdad en las actuaciones
    administrativas siempre que sea en beneficio de los LGTBI y el 11.3 obliga
    a la CAM y a los Ayuntamientos a promover “acciones formativas,
    divulgativas y, en general, acciones positivas que posibiliten la plena
    inclusión y participación en todos los ámbitos de la sociedad de las
    personas LGTBI”
30. el art. 12 obliga a los medios de comunicación de titularidad
    autonómica o que reciban subvenciones a comprometerse con la
    diversidad sexual fomentándola
31. el art. 15 obliga a las fuerzas y cuerpos de seguridad a “tener un diálogo
    fluido con las ONGs de referencia en temática LGTBI”
32. el art. 18 permite (de forma jurídicamente muy confusa) primar en la
    contratación pública y otorgamiento de subvenciones a las empresas que
    destaquen en la aplicación de esta ley. También el art. 41.6 incide en esta
    materia.
33. el art. 21 establece un informe de impacto sobre identidad de género y
    orientación sexual para todas las políticas y normas de la CAM
34. El art. 22.1 establece el siguiente mandato: “Las instituciones y los
    poderes públicos madrileños contribuirán a la visibilidad de las personas
    LGTBI en Madrid, respaldando y realizando campañas y acciones
    afirmativas, con el fin de promover el valor positivo de la diversidad en
    materia de identidad y expresión de género, relaciones afectivo-sexuales
    y familiares, con mayor atención a sectores de población especialmente
    discriminados.”
35. El art. 22.3 prevé que “Los poderes públicos de Madrid conmemorarán
    cada 17 de mayo el Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia,
    bifobia y transfobia. Tanto la Asamblea de Madrid como la Comunidad de
    Madrid instalarán la bandera arcoíris LGTBI en la sede de Presidencia y
    sede de la Asamblea de Madrid con motivo de tal celebración. Se
    recomendará a la Federación Madrileña de Municipios y Ayuntamientos de
    la Comunidad Autónoma y/o Juntas de Distrito a realizar el mismo acto”.
36. el art. 22.4 obliga a los poderes públicos a respaldar y apoyar “las
    acciones que el movimiento social y activista LGTBI realice el día 28 de
    junio, Día Internacional del orgullo LGTBI o Día Internacional de
    Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales.”
    También el art. 51 reitera este mandato de apoyo público “a los actos del
    Orgullo LGTBI”
37. el art. 23.2 garantiza a las asociaciones LGTBI que la CAM les dotará de
    medios para atender a los LGTBI en todos los municipios rurales en que no
    tengan presencia esas asociaciones.
38. el art. 24 crea un centro público dedicado a la “memoria histórica” de los
    LGTBI y prevé que -a través de él- la Consejería de Educación edite libros
    específicos relacionados con el colectivo LGTBI”
    -según el art. 25.3 “Todas las entidades juveniles y trabajadores de
    cualquier ámbito que realicen sus labores con la juventud promoverán y
    respetarán con especial cuidado la igualdad de las personas LGTBI.”
39. el art. 27.3 establece que “La Administración autonómica, en el ámbito
    de sus competencias, desarrollará políticas activas de apoyo y
    visibilización de las asociaciones y organizaciones LGTBI legalmente
    constituidas…”; y el 27.4 integra en el Consejo de la Infancia y la
    Adolescencia a representantes de estas asociaciones.
40. los art. 29 a 35 dedicados a la educación garantizan que los contenidos
    educativos de los centros se harán permeables a la ideología de género y
    que las asociaciones LGTBI participarán en la formulación de esos
    contenidos, como veremos más abajo con más detalle.
41. el art. 36.4 garantiza a las asociaciones LGTBI su participación en el
    diseño de las políticas públicas en materia de salud sexual.
42. el art. 38.2 garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida a
    “las mujeres lesbianas y bisexuales, personas trans y persona con pareja
    trans”
43. el art. 46 obliga a la CAM a garantizar “la visibilidad de la cultura LGTBI”
    y, para ello, a apoyar las “expresiones artísticas, patrimoniales, recreativas
    y deportivas llevadas a cabo por personas y organizaciones LGTBI”
44. según al art. 47, en todas las bibliotecas de la CAM y de los
    Ayuntamientos habrá “un fondo bibliográfico de temática LGTBI”,
    precisando que no se aceptarán libros contrarios “al reconocimiento de la
    diversidad sexual”
45. en las instalaciones deportivas se garantiza “el uso de las instalaciones
    en concordancia al género autopercibido” según el art. 48
    -el art. 49 obliga a la CAM al “apoyo y visibilización de las asociaciones y
    organizaciones deportivas LGTBI”
46. el art. 50 prevé que la CAM apoyará el turismo LGTBI y el orientado al
    público LGTBI
47. según el art. 52.1 “El ejercicio del derecho de admisión no puede
    comportar en ningún caso discriminación por razón de orientación sexual,
    identidad de género o expresión de género.”
48. art. 53 y 54: en la atención a inmigrantes y en la cooperación al
    desarrollo la CAM dará atención singular a los LGTBI
49. según los art. 61 a 63, la CAM “incorporará en la publicidad institucional
    a todos los niveles la diversidad por orientación sexual e identidad de
    género y diversidad familiar con el objetivo de favorecer y consolidar en
    positivo la diversidad de la sociedad madrileña”, “pondrá en marcha un
    Plan de formación en materia de orientación sexual e identidad o
    expresión de género para los trabajadores de los distintos órganos de la
    Comunidad de Madrid” y “pondrá en marcha de forma periódica,
    contando con el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid, campañas de
    sensibilización y visibilidad de las personas LGTBI con el fin de lograr la
    plena implantación de la igualdad en la sociedad madrileña.”
50. el art. 66 establece el principio de inversión de carga de la prueba
    conforme al cual si alguien es acusado de discriminación por razón de
    orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde al
    acusado acreditar que no existió tal discriminación.
51. el art. 70.4.c) considera infracción muy grave “La promoción y
    realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de
    modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona.
    Para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento
    prestado por la persona sometida a tales terapias.”
52. el art. 73.1.i) considera agravante para graduar las sanciones “la
    pertenencia a un grupo organizado de ideología fehacientemente
    LGTBIFóbica”
53. Hemos resaltado en negrilla aquellos privilegios de los LGTBI que
    suponen un mayor riesgo para las libertades de los demás, generan una
    mayor inseguridad jurídica para terceros o resultan más
    desproporcionados o contrarios a la naturaleza de un Estado moderno que
    se supone neutral frente a las ideologías de los ciudadanos. En la ley
    2/2016 de la CAM hay normas similares.
54. Como resumen y valoración de este elenco de privilegios que la ley
    otorga a los LGTBI y sus asociaciones, se puede decir:
    a) se garantiza a las asociaciones LGTBI el acceso a una influencia reglada
    en la formulación de las políticas públicas y en su aplicación, así como a la
    financiación pública de sus actividades, absolutamente desproporcionada
    y discriminatoria respecto al resto de ONGS. Resulta especialmente injusto
    este trato al tratarse de asociaciones que, habitualmente, están
    profundamente ideologizadas y usan técnicas muy agresivas para imponer
    sus criterios y descalificar a los discrepantes.
    b) este apoyo ex lege al lobby asociativo LGTBI junto con la asunción por
    la CAM de los símbolos y fiestas del lobby gay como símbolos oficiales en
    determinadas fechas y la consagración en la ley de su ideología como
    vinculante para sectores como la sanidad o le educación, supone un
    asalto de una ideología en particular al poder que empieza a
    identificarse con aquella; algo que, salvando las distancias, recuerda lo
    que sucedió con los totalitarismos del siglo XX cuando el partido nazi y el
    comunista fueron trasladando sus símbolos, fiestas, lenguaje e ideología al
    Estado hasta identificarse con él.
    c) la obligación legal para los poderes públicos de hacer visibles a los
    LGTBI, sus planteamientos y sus asociaciones, no es compatible con la
    libertad y con la naturaleza de un Estado moderno que no puede ponerse
    al servicio de un grupo social en particular. Estamos ante una especie de
    nuevo “confesionalismo LGTBI”.
    d) esta visibilización obligatoria de todo lo LGTBI es incompatible con la
    libertad de aquellos que no deseen que les metan en sus casas o colegios
    el mundo LGTBI y su visión de la sexualidad. Respetar a todos no implica
    la obligación de todos de invitar a su casa o su escuela a algunos en
    particular porque lo diga el poder.
    e) muchos de estos privilegios están redactados en términos tan
    jurídicamente indeterminados y dependientes de la interpretación que se
    dé a la terminología de género y su particular lenguaje (que la ley hace
    suyo acríticamente), que fácilmente van a traducirse en restricciones y
    ataques a las libertades de quienes no comparten la ideología de género,
    aunque sean LGTBI -según el simplismo clasificatorio de la ley- como
    sucede con quienes desean acudir a terapias de ayuda para superar
    tendencias sexuales que no les satisfacen.
    f) en particular, existe el riesgo cierto de que se usen los preceptos de
    esta ley para criminalizar la libertad religiosa, de educación y de
    pensamiento y expresión de quienes en libertad sostienen una visión de
    la sexualidad alternativa y distinta a la de la ideología de género. Ya hay
    indicios ciertos de esto en algunas denuncias y querellas que se están
    formulando desde el lobby LGTBI contra quienes discrepan de estas leyes
    y las critican.
    g) esta nueva generación de derechos exclusivos para los LGTBI y sus
    organizaciones representativas rompen la tradición jurídica moderna de
    los derechos humanos como derechos universales y para todos. Se vuelve
    así a lo peor del derecho medieval: un derecho de privilegios para una
    casta privilegiada. Ayer eran los nobles o los clérigos; hoy son los LGTBI y
    las asociaciones representativas del lobby LGTBI.
    h) un elemento de inseguridad jurídica añadida dimana de que las
    situaciones humanas a que se asocian los privilegios legales referidos son
    en este caso absolutamente subjetivas y cambiantes e imposibles de
    comprobar: el género autopercibido, la identidad de género o la
    orientación sexual son expresiones que se refieren a la intimidad
    sicológica del sujeto, inaccesible para terceros, a quienes además la ley
    prohíbe expresamente indagar o preguntar por tales condiciones según
    establece expresamente el art. 7.4 de la ley, entre otros preceptos.
    Las afecciones al derecho a una educación en libertad.
55. Una especial amenaza para la libertad suponen las disposiciones de la
    ley de referencia para la libertad de educación por afectar a todos los
    menores de edad actuales y futuros y a los derechos de todas las familias.
    El intento de manipulación ideológica de la educación es característica de
    todas las ideologías políticas modernas pues, como dijo Mitterrand, “hoy
    para hacer la revolución no hay que asaltar el Palacio de Invierno, sino que
    basta con asaltar la escuela”. Reflejaba así el ex Presidente francés -con la
    alusión a la toma del poder por Lenín en Rusia en 1917- a lo que años
    antes había teorizado Gramsci respecto a cómo hacer la revolución:
    conquistando la cultura y las mentes, especialmente de los niños.
56. La ley 3/2016, de 22 de julio, de la CAM, dedica a la educación su
    Capítulo IX, art. 29 a 36, bajo el título “Medidas en el ámbito educativo” y
    algunos otros preceptos dispersos a lo largo de su texto que analizaremos
    a continuación. Según estas normas:
    a) la CAM elaborará una Estrategia integral de educación y diversidad
    sexual e identidad o expresión de género que se aplicará “en todos los
    niveles y etapas formativas y serán de obligado cumplimiento para todos
    los centros educativos” (art. 29.2)
    b) esta Estrategia “tendrá que ser elaborado de forma participativa,
    contando con las organizaciones LGTBI” (art. 29.2)
    c) “A los efectos de favorecer la visibilidad y de integrar de forma
    transversal la diversidad afectivo-sexual en los centros escolares, la
    Consejería competente en materia de educación favorecerá en los centros
    sostenidos con fondos públicos la realización de actividades específicas
    para el reconocimiento de la igualdad del colectivo LGTBI, para poder
    dotar de una visibilidad a esta realidad tradicionalmente escondida en el
    ámbito escolar.” (art. 30)
    d) “Los currículos y programas educativos de la Comunidad de Madrid,
    respetando los currículos básicos, deberán contener pedagogías
    adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI.” (art.
    31.2)
    e) “En los centros educativos se desarrollarán, a lo largo de cada curso
    escolar, acciones de fomento de la cultura del respeto y la no
    discriminación de las personas basada en la orientación sexual e
    identidad o expresión de género (…)” (art. 31.4)
    f) la CAM fomentará en las Universidades los estudios e investigaciones
    LGTBI y la formación de profesionales en esta materia. (art. 31.5)
    g) la CAM “desarrollará políticas activa de apoyo y visibilización de las
    asociaciones y organizaciones LGTBI” en el ámbito de la educación. (art.
    31.6).
    h) “De acuerdo con el principio de coeducación, debe velarse porque la
    diversidad sexual y afectiva, la identidad de género y los distintos
    modelos de familia sean respetados en los distintos ámbitos educativos”.
    (art. 31.7)
    i) “Se establecerá un fondo bibliográfico LGTBI en los colegios e institutos
    que deberá ser suministrado por la Comunidad de Madrid.” (art. 31.8)
    j) “Dentro de los contenidos educativos de libre asignación de la
    Comunidad de Madrid se garantizará que todos los alumnos madrileños
    reciban la formación que promueva los valores constitucionales de
    convivencia, respeto e igualdad hacia el colectivo LGTBI, una
    aproximación hacia los distintos modelos de familia y se explique la
    realidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de
    género.” (art. 31.9)
    k) “La Consejería competente en materia de educación incorporará la
    realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en
    los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de
    Madrid en aquellas materias en que sea procedente. Revisará los
    contenidos de información, divulgación y formación que ya existan en los
    distintos niveles de enseñanza y en otros ámbitos formativos, para lo que
    dará audiencia a las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI.”
    (art. 32)
    l) las Universidades, “podrán promover conjuntamente medidas de
    protección, de apoyo y de investigación para la visibilidad de las personas
    LGTBI y el desarrollo de medidas para la no discriminación y sensibilización
    en el entorno universitario.” y “podrán apoyar acciones de visibilidad del
    colectivo LGTBI dentro del ámbito universitario así como fomentar el
    surgimiento de asociaciones LGTBI dentro de la propia Universidad.” (art.
    33.2 y 3).
    ll) La CAM “a través de apoyo a las organizaciones LGTBI con experiencia
    en la materia, impartirá a los profesionales de los centros educativos la
    formación necesaria…”. También con el objeto de que el personal
    docente pueda transmitir a los alumnos y alumnas en general un
    conocimiento abierto y sin prejuicios sobre la realidad de las personas
    LGTBI con las que conviven en sus mismas aulas y en la Sociedad.(…).
    Asimismo, se incorporará la realidad LGTBI y los diferentes modelos de
    familia a los cursos y masters de formación del futuro personal docente.”
    (art. 34).
    m) el art. 70.3.f) define como infracción muy grave “La elaboración,
    utilización o difusión en Centros educativos de la Comunidad autónoma de
    libros de texto y/o materiales didácticos que presenten a las personas
    como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su
    orientación sexual e identidad o expresión de género, o que inciten a la
    violencia por este motivo.”
57. La ley 2/2016 de la CAM contiene preceptos muy similares en materia
    de educación y, además algunos otros como los siguientes:
    a) art. 22.3: la CAM “Impulsará medidas conducentes a lograr el efectivo
    respeto en el sistema educativo de la diversidad afectivo-sexual, así como
    la aceptación de las diferentes expresiones de identidad de género que
    permitan superar los estereotipos y comportamientos sexistas.”
    b) conforme al art. 23 el profesor habrá de dirigirse al alumno por el
    nombre elegido por éste aunque no se corresponda con el de su sexo
    biológico, el alumno podrá vestir conforme al sexo autopercibido y
    accederá a las instalaciones (baños, por ejemplo) y actividades
    correspondientes al sexo con el que se sienta identificado sea el suyo
    biológico o no.
    c) según el art. 24 en todos los centros escolares “se deberá dar cabida a
    proyectos curriculares que contemplen y permitan la educación afectivosexual y la discriminación por motivos de identidad de género o
    expresión.” Y, conforme al art. 25, “Se impartirá al personal docente
    formación adecuada que incorpore la diversidad sexual y de género”
58. Es fácil de apreciar con la lectura de los preceptos legales citados que
    las leyes que analizamos:
59. pretenden incorporar en la escuela la visión de la sexualidad de la
    ideología de género de la mano de las asociaciones LGTBI
60. no existe en toda la ley ni una sola referencia al papel de los padres y sus
    derechos constitucionales ni a la autonomía de los centros escolares ni al
    respeto a su ideario
61. no se tiene en cuenta para nada lo preceptuado en la Constitución sobre
    la libertad de educación ni sobre el derecho de los padres a educar a sus
    hijos conforme a sus convicciones morales o religiosas.
62. se desconoce la realidad sociológica de que sobre la sexualidad existe en
    nuestra sociedad una pluralidad de concepciones y que la propia de las
    asociaciones LGTBI ni es la única ni se puede imponer a todos.
    C) El derecho sancionador.
    Las leyes que comentamos –salvo la gallega- concluyen con un capítulo
    dedicado al régimen sancionador, es decir, a fijar las infracciones a la ley
    susceptibles de castigo y las sanciones correspondientes. La tipificación de
    las infracciones hace referencia a conceptos que, en general, si se
    interpretan conforme al derecho ordinario, resultan superfluos pues ya
    están previstos en la legislación de general aplicación en materia de
    igualdad y no discriminación; pero, si se interpretan conforme a los
    postulados de género de estas leyes, llevarían a sancionar la mera
    discrepancia del lobby LGTBI o la emisión de opiniones sobre sexualidad
    diferentes a las propias del entorno ideológico de género.
    Conceptos como vejaciones, discriminación, incitación al odio, etc que se
    califican como conductas sancionables no añaden nada al ordenamiento
    jurídico vigente….salvo que se considere que discrepar de la ideología de
    género y su visión de la sexualidad supone una vejación, una
    discriminación y una incitación al odio. En tal caso este apartado de la
    ley sí sería una novedad, pero contraria a las libertades públicas básicas.
    Por desgracia, la literatura de género y los pronunciamientos de las
    asociaciones que inspiran estas leyes y son por ellas dotadas de privilegios
    varios, permite pensar que esta segunda es la interpretación que se quiere
    dar al aparato sancionador de estas nuevas leyes.
    Por poner un ejemplo: el art. 70.2.f) de la ley madrileña 3/2016 tipifica
    como infracción grave:
    “f) La elaboración, utilización o difusión en Centros educativos de la
    Comunidad autónoma de libros de texto y/o materiales didácticos
    que presenten a las personas como superiores o inferiores en
    dignidad humana en función de su orientación sexual e identidad o
    expresión de género, o que inciten a la violencia por este motivo.”
    Si este precepto se interpreta en su literalidad es superfluo, pues afirmar
    que hay humanos con más dignidad que otros, por esa razón o por
    cualquier otra, se opone a la Declaración de derechos humanos de NNUU,
    a la Constitución, al Código Penal y a otras varias decenas de normas
    existentes en vigor. Pero si se interpreta que atenta contra la dignidad
    humana afirmar que hay comportamientos sexuales más dignos o
    menos, más valiosos antropológica y éticamente o menos, entonces el
    precepto sí es novedoso y supondría un atentado a la libertad de
    pensamiento y educación en materia de sexualidad.
    Otro ejemplo: el art. 73.1.i) considera como circunstancia agravante para
    graduar las sanciones la siguiente:
    “La pertenencia de la persona infractora a un grupo organizado de
    ideología fehacientemente LGTBIfóbica”
    Si no se trata de un grupo ilegal conforme a la legislación de asociaciones y
    al Código penal, ¿por qué la pertenencia a un grupo legal agrava la
    sanción? ¿Qué es un grupo de ideología fehacientemente LGTBIfóbica?
    ¿Lo es la Iglesia católica, por ejemplo, o un colegio de enseñanza
    diferenciada o una asociación civil que se oponga a la equiparación del
    matrimonio a la unión de personas del mismo sexo o un grupo de estudio
    de la ética aristotélica?
    Como se puede apreciar con estos simples ejemplos, el aparato
    sancionador de estas leyes genera una profunda inseguridad jurídica y
    representa una eventual amenaza para las libertades indigna de un Estado
    de derecho.
    Madrid, a 30 de septiembre de 2016.
    Benigno Blanco
    Abogado