"En las cárceles españolas ya hay más presos por violencia de género que por tráfico de drogas”
Hace 13 años que entró en vigor en nuestro país la ley contra la violencia de género, pero las mujeres siguen muriendo a manos de sus parejas. Tan solo durante esta semana se han producido dos asesinatos. Un grupo de penalistas y criminólogos del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga- José Luis Díez Ripollés, Anabel Cerezo y María José Benítez- emprendieron hace un tiempo un arduo trabajo: tratar de analizar si lo que esa norma prevé se ha llevado a cabo, cuál ha sido su efectividad, eficacia y eficiencia. Ahora han presentado su análisis de 10 años de vigencia de la ley (2004-2014) en un libro publicado por Tirant lo Blanch en el que aseguran que, a pesar de todo, hay avances, y que cuestiones que podrían parecer menores, como los tratamientos terapéuticos para maltratadores, funcionan. El catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés atiende a EL PAÍS para explicar los pormenores de su estudio.
Pregunta. A pesar de todo, seguimos asistiendo cada año, impotentes, a la muerte de decenas de mujeres que son asesinadas por sus parejas. Parece que algo no acaba de funcionar.
Respuesta. Es indudable que ninguna mujer debería morir por este motivo, pero hay que decir que las cifras van descendiendo año tras año. Hasta 2010 la horquilla de asesinadas estaba entre 60 y 70, y algunas veces incluso se superaban las 70. De ahí se ha bajado a una horquilla entre 50 y 60 y parece que en los dos últimos años se va a situar entre 40 y 50. Puede haber picos, y parece que este año la cifra va a ser más alta que el pasado, pero en general la tendencia es descendente. También es importante saber que la tasa de homicidios es baja en comparación con la de otros países europeos. Estamos abajo del todo en la tabla. Por otro lado, si analizamos el conjunto de los datos, vemos que las muertes por violencia de género constituyen una cuarta parte del total de homicidios de mujeres. Estos datos no minimizan el problema, para nada, pero hay que conocerlos porque son relevantes para analizar si la ley de violencia de género va por buen camino.
P. Aparte de los homicidios, ¿cómo ha sido la evolución de otras formas de violencia?
R. No tenemos datos del todo buenos, porque las encuestas de victimización van cambiando constantemente y no son homogéneas, pero de lo que hemos analizado se pueden extraer algunas conclusiones: la violencia de mayor gravedad que refieren las mujeres va descendiendo, pero el volumen general no logramos que lo haga: está estable desde 2006. Hay, por tanto, luces y sombras. Y desde luego serían necesarias mejores herramientas para recopilar información.
P. Las mujeres denuncian cada vez menos. ¿Cuál cree que es el motivo?
R. A través del estudio de las encuestas de victimización vemos que no llega al 30% el porcentaje de mujeres que dicen sufrir violencia de género y que luego denuncian. Es, además, una tendencia a la baja. Y muchas de las que luego encuentran la muerte a manos de sus parejas no han denunciado. Esto no puede ser. Es una de las cuestiones más preocupantes. Además, de las que denuncian, otro tercio retira la denuncia. Esto apunta a que hay una cierta insatisfacción de la mujer con el sistema penal. Por algún motivo, no confía en él.
P. ¿Influye el miedo a que el agresor pueda volverse más violento tras la denuncia?
R. Seguramente obedece a distintos factores, y es fácil pensar en ese factor. Por eso creo que es importante divulgar que, según nuestros datos, no hay efectos negativos ocasionados por el hecho de denunciar; no parece que los agresores se vuelvan más violentos. Tampoco parece que, según los últimos estudios, se confirme que las noticias de los medios provoquen un efecto imitación en otros agresores. Eso sí, es importante que las noticias se den en su debido contexto, que se cuente lo que ha hecho el sistema, lo que es la violencia de género…
P. ¿Cómo están funcionando los dispositivos electrónicos de seguimiento para proteger a las mujeres que están más en riesgo?
R. Se usan pocos a pesar de que funcionan. Al menos hasta 2014, ninguna mujer con dispositivo electrónico de seguimiento había sido asesinada. Se trata de un recurso que habría que utilizar más porque ha demostrado su eficacia.
P. Dicen ustedes también que las terapias para maltratadores cada vez llegan a más presos condenados por estos delitos, y que es un gran avance porque funcionan.
R. El porcentaje de presos que siguen estas terapias estaba entre el 10 y el 14%. Era muy bajo. En 2014 subió al 28% y en 2015 a casi el 35%. Esta evolución es muy positiva, porque se ha demostrado que baja drásticamente la reincidencia. Las tasas de reincidencia de los que se han sometido al tratamiento se mueven en cifras inferiores al 10%; las de quienes no lo han hecho son cinco veces superiores. Es decir, educar al agresor en la igualdad sí funciona. Es positivo también que cada vez más condenados por violencia de género a penas que no son de prisión sigan estos tratamientos: más del 50% lo hacen.
P. Su estudio refleja un dato interesante sobre estas terapias: los que más las abandonan son los presos que no tienen antecedentes penales previos. ¿A qué puede obedecer este hecho?
R. Es posible que a los condenados por primera vez les cueste más asumir su responsabilidad por un hecho de este tipo o que lo vean como un comportamiento excepcional que no va a volver a ocurrir. Es algo que habría que estudiar más a fondo.
P. ¿La política criminal en torno a la violencia de género ha cambiado la configuración del tipo de presos de las cárceles españolas?
R. Sí, y se trata de un dato muy impactante. Ya hay en las prisiones españolas más condenados por delitos contra la integridad personal, la mayoría de ellos por violencia de género, que por tráfico de drogas. Es cierto que una reforma de 2010 introdujo una atenuante para los delitos de drogas y esto ha influido, pero hay que decir que nunca había pasado en España que los condenados por delitos contra la integridad personal ocuparan el segundo lugar entre todos los internos, solo por detrás de los condenados por delitos contra la propiedad, como está ocurriendo ahora.
P. ¿Cuáles son los delitos de violencia de género por los que más se condena?
R. Se aplica mucho más el artículo 153 del código penal, que castiga el maltrato leve ocasional, que el artículo 173, que sanciona la violencia doméstica habitual. Este último solo se aplica en un 6% de los casos, muchas veces porque la prueba del art. 153 es más sencilla, lo que hace que este se aplique en más del 50% de los casos. Es una disfunción grave, que debería corregirse pues el delito de violencia doméstica habitual es el que realmente atiende a la violencia de género y además castiga más gravemente.
P. Las cifras sobre delitos de violencia de género cometidas por extranjeros son muy altas. Según su estudio, la tasa de denunciantes y denunciados de otro país triplica la de españoles, la de internos condenados es el doble, y en el caso de los homicidios la tasa es tres veces mayor en víctimas y victimarios extranjeros. ¿Se trata de una cuestión cultural o de clase?
R. Este dato genera mucha polémica, porque parece que se está criminalizando al extranjero. Ciertamente muchos extranjeros tienen una situación socio-económica muy frágil, y está bien demostrado que la intervención penal se centra en los sectores sociales más desfavorecidos, sean españoles o extranjeros. Pero creemos que también hay razones culturales. Sé que es políticamente incorrecto hablar de esto, pero es cierto y no podemos ocultarlo. Hay que tenerlo presente para poder analizar bien el problema y desarrollar políticas que atiendan a ello.
P. Más allá de la intervención penal, ¿las ayudas económicas y laborales para las mujeres están funcionando?
R. La renta activa de inserción (RAI) está funcionando bien. Tres de cada 10 denunciantes la reciben y es un dato que está creciendo. Pero los recursos dirigidos a garantizar la movilidad laboral, el cambio de centro de trabajo, la suspensión del contrato de la mujer así como los pensados para fomentar su contratación apenas se aplican. Esto debería corregirse, porque está muy bien dar una renta a estas mujeres, pero al final se trata de un subsidio temporal. Hay que ayudarlas a que accedan o se mantengan en el mercado laboral, porque eso es lo que da una independencia real.
P. Ustedes explican también que las medidas civiles de protección de los menores que viven un contexto de violencia de género se aplican en mucha menor medida que las medidas penales.
R. Cada vez somos más conscientes de que hay que proteger a los menores y las cifras de aplicación de estas medidas van subiendo poco a poco. Este tema, de todas formas, conviene ponerlo en relación con otro, que es la desatención en la que viven otras víctimas de violencia familiar. Estamos viendo en las encuestas de victimización que las tasas de violencia doméstica hacia menores, hacia los ancianos, de menores hacia los padres… pueden ser incluso más altas que las de violencia hacia la mujer-pareja. En menores hemos hallado tasas de incluso del 18% en algunos casos. Además, cuando analizas estas otras víctimas, encuentras un perfil similar al de violencia de género: se trata de una violencia cometida mayoritariamente sobre mujeres en un contexto de dominación.
P. En el estudio hablan del incremento de agresores que se suicidan o intentan suicidarse, y lo tratan como un problema a abordar. Se trata de algo que es difícil de digerir, porque se trata de personas que han matado y que luego deciden quitarse la vida. ¿Realmente la sociedad tiene que preocuparse por ellos, por si se matan o no? Lo que es preocupante es que maten a una mujer antes de quitarse la vida…
R. Evidentemente lo que nos ha de preocupar ante todo es reducir lo más posible el número de víctimas que pierden su vida, ni qué decir tiene. Pero el que haya tantos agresores que se suiciden, por encima de un tercio de todos los homicidas de la pareja, está demostrando que no estamos abordando de una manera adecuada la tendencia autodestructiva de los homicidas de su pareja. Es obligación de la sociedad salvaguardar la vida de todos sus ciudadanos, víctimas y agresores, sin perjuicio del castigo penal que estos últimos deban sufrir.
P. ¿Cree que, en términos generales, la ley de violencia está siendo efectiva, eficaz y eficiente? ¿Qué sería lo mas importante que habría que mejorar?
R. La ley está siendo efectiva, se han activado muchos recursos y de lo que se trata ahora es de mejorar su funcionamiento. En cuanto a su eficacia, siempre desearíamos conseguir más, pero lo cierto es que la violencia más grave ya no crece, y ahora hay que trabajar en seguir reduciendo su volumen, además de mejorar la incidencia sobre la violencia de menor entidad. Pero la intervención penal genera también unos costes que no podemos ignorar: Las mujeres no acaban de confiar en el sistema penal, por considerar que genera en demasiadas ocasiones efectos colaterales negativos indeseados; además esos efectos afectan especialmente a los sectores sociales más desfavorecidos, que son aquellos en los que se concentra la intervención penal. Erraremos, sin embargo, si, para mejorar la eficacia o evitar esos costes, entramos en una dinámica de ampliación del ámbito de intervención penal, extendiendo el concepto de violencia de género o facilitando aún más las actuaciones penales. Es la hora de profundizar en otros ámbitos más prometedores, especialmente la educación, la sensibilización y la socialización en valores de igualdad.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/01/actualidad/1514801354_510396.html
A pesar de lo que dicen las noticias, parece que la tasa de violencia de género en España siempre ha sido de las mas bajas de Europa.
