Un proyecto de la Unión Europea, llamado Indect, ha levantado las sospechas de las organizaciones de internautas defensoras de la privacidad.
Se trata de un proyecto, con cinco años de desarrollo, para crear un programa con el objetivo, entre otros, de detectar automáticamente en la Red "amenazas, conductas anormales o violencia" en el marco de la lucha contra el cibercrimen y el terrorismo. Para ello, arañas inteligentes rastrearán "recursos públicos" en Internet como páginas web, foros de discusión, redes P2P y "sistemas informáticos individuales".
El Proyecto Indect está dotado con 10 millones de libras esterlinas y el coordinador es la universidad de Ciencia y Tecnología de Polonia. Entre los socios colaboradores figuran dos nombres españoles, la empresa Moviquity y la Universidad Carlos III de Madrid.
Shami Chakrabarti, director del grupo Liberty de protección de los derechos humanos, declaró al diario The Telegraph que la introducción de técnicas de vigilancia masiva es un "siniestro peldaño". Stephen Booth, analista de Open Europe, afirmaba en el mismo diario que la introducción en la agenda europea de este proyecto tiene resonancias orwellianas y plantea serias cuestiones sobre la libertad individual y lamenta que los impuestos que paga vayan destinados a misiones de este tipo.
Colaboración española
El profesor responsable de la colaboración en este proyecto por parte de la Carlos III es David Larrabeiti López, del departamento de Ingeniería Telemática, que actualmente se halla en la Universidad de Stanford. Larrabeiti rechaza cualquier interpretación orwelliana del proyecto. Se trata, según ha explicado a este diario, de un conjunto de herramientas de interés en seguridad ciudadana, que incluye entre otras, el análisis automático de imágenes de vídeo y el rastreo de datos públicos en Internet para su reconocimiento con técnicas de interpretación de lenguaje natural. Pero opina que las propias policías y servicios secretos ya disponen de instrumentos de husmeo más potentes y agresivos en el aspecto de seguimiento de la actividad y localización de personas concretas. "Es más, el proyecto no puede acceder, por ejemplo, a bases de datos policiales o cruzar direcciones IP con usuarios.
El uso de datos personales está expresamente excluido del proyecto y no hay intromisión alguna en la privacidad". El encargo que ha recibido la universidad Carlos III en este proyecto es garantizar la seguridad e integridad del sistema en movilidad. Este proyecto parece solaparse con otro de la propia Unión Europea, Adabts, coordinado desde Suiza y que busca la detección de conductas anormales en espacios donde se reúnen multitudes.