Si señores, la injusticia se repite.
El malvado Tribunal Constitucional español lo ha vuelto a hacer. Y para añadir más insulto al tema, ha sido una vez más a petición del PP!
Hermanos catalanes, La Corona catalanoaragonesa está renaciendo!
Fuera de coñas, el escenario es muy parecido al del año 2010 en Cataluña, y entre eso, la crisis, la corrupción y un gobierno inútil, surgió la chispa del escenario de ahora.
Ahora veremos si hay diferencias entre Cataluña y Aragón... y si unos obedecen y cumplen la ley, y otros no.
El Tribunal Constitucional ha declarado nulos, total o parciamente, 23 de los 34 artículos y tres disposiciones de la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón. Esto supone invalidar de facto la ley aprobada hace poco más de un año por las Cortes aragonesas a iniciativa del Gobierno del socialista Javier Lambán, que consideraba a Aragón como una nacionalidad histórica de naturaleza foral.
Fue el PP quien recurrió la citada ley ante el Constitucional al entender que suponía "un despropósito jurídico que subvierte las reglas más básicas del Derecho". Luego también se sumó al recurso el Gobierno central. En la sentencia, conocida este viernes y que adelanta Heraldo.es, el Constitucional ha atendido el grueso del recurso, pero sin llegar a declarar la ley nula en su integridad como pedía el PP.
A lo largo de sus 56 folios, la sentencia incide en que la norma aragonesa no sólo contraviene principios constitucionales, sino el propio Estatuto de Autonomía de Aragón. El capítulo referido a la nacionalidad y los derechos históricos es el que merece los mayores reproches del Constitucional, que rechaza de forma taxativa que Aragón sea una nacionalidad histórica de naturaleza foral. Al mismo tiempo, niega que se puedan hacer extensivos los derechos reconocidos a los territorios históricos recogidos en la Constitución.
La norma fija que la bandera autonómica ocupe el lugar preferente en los edificios públicos, pero el Alto Tribunal recuerda que la utilización conjunta de la bandera sólo puede ser regulada por el Estado y el precepto contraviene una ley nacional de 1981 que ya establece la preeminencia de la bandera española en todos los edificios públicos.
