Desde su llegada a la alcaldía de Barcelona, Airbnb y el resto de plataformas similares han sido uno de los principales enemigos de Ada Colau. Su discurso contra los pisos turísticos se ha basado en acusar a los propietarios de provocar la subida del precio de los alquileres en la ciudad o de molestar a los vecinos con su actividad.
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Uno de ellos es René Pérez, de 60 años, que "al no llegar a fin de mes" decidió arrendar una habitación en el piso en el que vivía. En 2019, le llegó una multa de 60.000 euros del Ayuntamiento de Barcelona por este arrendamiento. No pudo pagarla, y hace tres meses le embargaron la cuenta.
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Reyes, madre soltera, también alquiló habitaciones en la residencia habitual que posee en el centro de Barcelona. Fue multada con 66.000 euros y hasta ha recibido una orden de embargo inmobiliario. "Mi vida es un infierno desde que llegó la multa", asegura.
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Pues parece ser que cuando votas comunismo tus pertenencias dejan de ser tuyas y ya no puedes hacer lo que quieras con ellas. Si lo haces, te multan y te arruinan la vida. Qué cosas.