El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha vuelto a poner en entredicho la gestión medioambiental de la Junta en Castilla y León al suspender, de manera cautelar, el decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, atendiendo así a la demanda presentada por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA)
Este decreto, que modifica el 32/2015 —tumbado también por decisión judicial— tiene como finalidad principal establecer qué especies pueden ser consideradas como cinegéticas, para incluirlas en la orden anual de caza.
Según el nuevo auto, al que ha tendido acceso este periódico, la Junta sigue sin aportar los estudios científicos requeridos que avalen de las especies consideradas como cinegéticas lo que puede ocasionar «daños de imposible o difícil reparación».
https://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/tsj-suspende-desde-ya-caza-analice-impacto-especies_1317030.html
El auto del Tribunal Superior se añade a dos sentencias y tres autos judiciales anteriores y paraliza la caza cautelarmente para proteger un bien superior, el bien común: no se puede jugar con la biodiversidad y el delicado equilibrio de los ecosistemas «que son un bien superior, el bien común de toda la sociedad frente a los intereses particulares de los cazadores».
España tiene 46.733.038 habitantes de los que 713.134 son cazadores, el 1,5% de la población. Por tanto, 46.019.904 españoles no somos cazadores [2.326.291 no cazadores en Castilla y León]. Frente a ese 1,5% de la población que se divierte matando animales, poniendo en peligro el ecosistema, el Tribunal protege el medio ambiente y, de paso, el derecho de los 46 millones de ciudadanos que no practicamos la caza.
A millones de senderistas, ciclistas, recolectores de setas, apicultores o fotógrafos nos gusta pasear por el monte sin miedo a recibir un tiro, como el que mató a un recolector de castañas en Tedejo en 2012, y tantas otras imprudencias; incluso esta temporada han matado a un niño de cuatro años: ¡hay que ser muy bruto y bastante delincuente para llevar de cacería a un crío! Con mucha frecuencia y aún más impunidad, la caza abusa, corta caminos y crea situaciones de riesgo, secuestra el monte y limita los derechos de la mayoría de los ciudadanos (artº 45.1 de la Constitución, derecho al disfrute del medio ambiente).
La millonaria caza intensiva es una grave amenaza ecológica. La estampa del cazador solitario, conocedor del soto local, que mataba un par de liebres o un corzo, ha dejado paso al Gran Business de la caza intensiva. Según datos de Ecologistas en Acción, en 2013 se soltaron en cotos intensivos 1.350.000 ejemplares de perdiz roja procedentes de granjas. Coto intensivo significa introducción de especies exóticas o invasoras, cercas, sueltas masivas, alimentación suplementaria de perdices, palomas, jabalíes; 50.000 galgos abandonados cada temporada, maltrato animal… hay cientos de videos en la red. Para poder matar 25 millones de animales al año (datos oficiales del Ministerio de Agricultura), hay que criarlos, alimentarlos y soltarlos, y todo ello produce un alto impacto sobre la biodiversidad.
Todas estas consideraciones pesan en el ánimo del TSJCyL, cuyo auto deja en mal lugar a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por haber regulado la caza –afirma el Tribunal– basándose en un informe sin rigor científico, con datos atrasados de 2003 y 2005, hecho por «la misma empresa que hizo el informe que presentó la Consejería en el procedimiento ordinario 615/2015 [donde recayó otra sentencia que anula el decreto de 2015]».
Los responsables del desaguisado apuntan a los ecologistas, que siempre son los malos de la película –la medida cautelar acordada por el Tribunal fue solicitada por el partido animalista PACMA–, y les embizcan los galgos de un lobby poderoso que mueve 6.000 millones de euros y 187.000 empleos en toda España, un diez por ciento en Castilla y León, pero la pelota está en el tejado de la Junta de Castilla y León, que ha hecho mal su trabajo.
Para salir del embrollo sin perder esos 50.000 votos que corteja Vox, el PP anuncia una reforma urgente de la Ley de Caza de Castilla y León. No han sido capaces de hacerlo en 35 años de gobierno y prometen tramitar ahora una reforma de ley de caza en los dos meses que restan de legislatura. Está por ver si en la carrera por no perder votos, reciben el abrazo del oso desde Ciudadanos e incluso desde el PSOE. Espero que no.
Por si acaso, Ecologistas en Acción ha lanzado un aviso a navegantes: «La proposición de ley anunciada por el PP para blindar la caza vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y podría ser considerada inconstitucional».
https://www.lanuevacronica.com/46-millones-de-espanoles-no-somos-cazadores
Me pareció raro no ver el tema por estos lares, ya que aqui abundan los defensores del plomo como equilibrador de ecosistemas.
Por mi parte, me parece bien. La caza no regula nada mas allá de lo que ya estropea y creer lo contrario es decirle a la naturaleza que lleva miles de años con ello, que no hace bien su trabajo.
Sobre el argumento "liberal" de "coartar las libertades y blablabla", por desgracia no va a ser una prohibición permanente, pero si sirve para que se empiece a regular como es debido, creo que saldremos todos ganando. LNC lo explica mejor que yo.
