Últimamente se viene hablando bastante de este tema y creo que es bastante interesante. Además tiene de todo: independentistas, Marruecos, corporativas, autonomías y estado. Perfecto para que todos podáis echar espuma.
Solamente recordar que, al tiempo que se produce el rifirrafe entre el gobierno canario y el séquito de Mariano, la gasolina sigue subiendo y alcanzando cotas históricas. Y encima se vislumbra en el horizonte un posible encontronazo con Marruecos.
España no es productora de petróleo, de modo que su dependencia energética está vinculada en un 80% a las importaciones, según afirma el ministro de Industria, Energía y Turismo. Tras la experiencia de los conflictos libios y la crisis con Irán, el gobierno parece no estar dispuestos a dejar pasar la posibilidad de extraer petróleo de las aguas canarias para aumentar su margen de reacción.
Según el ministro Soria, estas prospecciones podrían satisfacer el 10% de los consumos diarios de España. Pese a esto, la resistencia popular, junto a la negativa de lo gobierno autonómico y de los cabildos afectados, ha supuesto la creación de un debate al que ha respondido con un contundente: “el Gobierno no está para bromas”.
Interés autonómico contra interés nacional
El gobierno canario entiende que las prospecciones frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote supondrían una grave amenaza para el medio ambiente y para el turismo (el motor económico de Canarias), no confiando en la seguridad de las instalaciones que gestionaría Repsol.
Además, asegura que no crearía empleo en la zona, estudiando la aplicación de un impuesto de gran calado que disuada y reste atractivo a estas actividades.
“Se está estudiando una herramienta más para impedir frontalmente cualquier prospección o extracción de petróleo en Canarias. Ya en su momento, el presidente, Paulino Rivero, anunció que recurriría a todas las herramientas jurídicas y administrativas posibles, judiciales incluidas, para evitarlas” Martín Marrero, Portavoz del Gobierno de Canarias en “Diario de Avisos”Por contra, el ministro Soria (candidato del PP en las útimas elecciones autonómicas canarias) asegura que las prospecciones supondrían más de 4.000 millones de euros para España. Para demostrarlo se han analizado los resultados obtenidos en otros países, aclarando que la economía canaria se vería favorecida tanto por los efectos directos como indirectos de la instalación de las estaciones. Aún así, se enfrenta a una amplia oposición entre la ciudadanía.
“En España y en Canarias hay un problema de paro, y esto es una oportunidad para ocupar a más gente. Va a haber muchos puestos de trabajo, por ejemplo, en la construcción de cascos para las plataformas de producción y el transporte” Antonio Brufau, presidente de Repsol. Los Servicios de Estudios de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife aseguran que la dependencia energética española ha impactado negativamente sobre la economías de las islas, mediante un aumento en los precios que ha afectado al consumo de una zona especialmente castigada por el desempleo. A esto se añade el estudio de la Universidad de La Laguna (Tenerife) que determinan que el petróleo aumentará el PIB canario en 3 puntos.
Preocupación
El gobierno español y Repsol se esfuerzan por explicar los efectos económicos positivos y la seguridad de las prospecciones, enfrentando posturas con el canario. Como resultado de este debate, se ha generado una gran incertidumbre en la sociedad canaria, que se suma a la preocupación medioambiental que históricamente ha caracterizado a esta población.
La principal agrupación ecologista del archipiélago expone que un posible vertido, pondría en riesgo el abastecimiento de agua desalada tan importante en el archipiélago y golpearía al sector pesquero, además de a la biodiversidad. También aseguran que la ubicación de las prospecciones pueden causar problemas con Marruecos debido a los conflictos que históricamente han existido por los límites de las aguas territoriales.
Por otro lado, Repsol garantiza que, en caso de que se realicen las extracciones, realizarán una inversión media de unos 13.000 millones de dólares anuales por cada uno de los 20 o 25 que duraría la actividad, calculando que por cada millón de inversión se crearían entre tres y cuatro puestos de trabajo.
En definitiva, una vez más nos encontramos ante el conocido problema del beneficio común contra la resistencia local, y es que, aunque España necesita reducir su dependencia, los riesgos derivados no son nada desdeñables.
