El control ejercido por el Ministerio de Hacienda sobre las finanzas autonómicas y locales funciona. Tras una década de problemas y controles, las administraciones territoriales españolas se preparan para cerrar 2017 con un superávit presupuestario de entre 1 y 500 millones, escenario olvidado desde antes de la crisis económica.
El saldo positivo parece garantizado por la mejora de las autonomías, que apuntan a un desvío inferior al 0,6% que en su día pactaron con Hacienda; y a la magnífica evolución de las Corporaciones Locales, cuyo saldo positivo puede ser este año más elevado que el de los últimos cinco ejercicios y superar, por tanto, el 0,6% previsto hasta ahora.
Según los datos facilitados por el Gobierno en el plan presupuestario remitido hace un mes a Bruselas, el saldo de los territorios españoles se situará, en términos de porcentaje, en el 0 por ciento, esto es, el equilibrio. Sin embargo, ni el Ejecutivo espera que el déficit autonómico exceda este año los 6.500 millones de euros; ni es previsible que el superávit local caiga por debajo de los 7.000 millones que ya logró el año pasado. De esa manera, ese primer superávit territorial será modesto, pero cobrará especial relevancia al comprobar la evolución histórica.
En el año 2010, cuando estalló la crisis de deuda y gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, autonomías y municipios acumulaban un desvío conjunto superior a los 42.000 millones de euros. Todo ello además poco después de que entrara en vigor la última reforma de la financiación, que en principio iba a ser aprobada para mejorar la posición financiera de los territorios pero que por sorpresa se topó de frente con una crisis económica mucho más severa de lo que era previsible.
El cambio desde entonces ha sido vertiginoso, con dos momentos especialmente importantes: el año 2012, con la llegada del PP, de fuertes ajustes en todos los niveles de la administración; y el trienio 2015-2017, cuando estas administraciones han contado con más recursos por efecto de la recuperación económica y han podido reconducir sus finanzas con más brío que en los ejercicios anteriores. Cabe recordar en este punto que las autonomías lograron 7.483 millones extras en 2015 y otros 5.400 millones este mismo año, dinero que les ha servido para cumplir con regularidad la Ley de Morosidad en los plazos de pago a proveedores; atender vencimientos; y financiar con una mayor holgura financiera el eterno problema de déficit público.
Especialmente meritorio es el caso de los ayuntamientos y las diputaciones, que a finales de 2017 lograrán su quinto superávit presupuestario consecutivo. Sus buenos datos han venido sirviendo a lo largo del último lustro para cubrir los desvíos de otras administraciones, especialmente la Seguridad Social y también las propias comunidades autónomas. El año pasado su saldo positivo ascendió a 7.083 millones de euros, equivalente a más de seis décimas del PIB, y contribuyó al primer cumplimiento global del objetivo de déficit desde el año 2009 y con Cristóbal Montoro como titular de Hacienda.
Problema de Montoro
En ese plan presupuestario remitido a Bruselas, el Ejecutivo reconoce que el problema del déficit será el próximo año únicamente del Estado. Las autonomías bajarán su desvío al 0,4% o incluso menos, pues está previsto que cuenten con otros 4.020 millones extraordinarios en concepto de financiación. Las corporaciones locales, por su parte, caminarán al que será su sexto superávit consecutivo.
La Administración Central se ha reservado para sí misma una meta de déficit del 0,7%, altamente improbable por varias circunstancias. Primero, porque es previsible que este año el desvío supere el doble, del 1,4%. Segundo, por el menor crecimiento económico esperado y, por tanto, un avance de la recaudación inferior a la deseada. Y tercero, por la responsabilidad patrimonial a asumir por el rescate de las autopistas de peaje, cuyo impacto en las cuentas superará los 2.000 millones.
En el caso de la Seguridad Social, Montoro ha previsto un déficit del 1,1 por ciento, meta algo más optimista de lo que sugieren las cifras hasta ahora. Pese a que es previsible que las cotizaciones continúen mejorando, no parece probable que el dinero extra que dejen en las arcas pueda servir para absorber un aumento del gasto en pensiones de al menos 4.000 millones; y para rebajar el déficit del sistema en más de 3.000 millones de euros. Pese a ello, su posible desvío quedaría limitado a una o dos décimas de PIB.
La baza de Montoro, de nuevo, el previsible buen dato de la Administración Local, para la que ha previsto el equilibrio presupuestario (0% de déficit) pese a que en el propio plan presupuestario se reconoce que el superávit está previsto en el horizonte. El 2,2% de agujero pactado para 2018 sí está al alcance de la mano.
La deuda pública, nuevo problema
Ni el Ministerio de Hacienda ni la Autoridad Fiscal AIReF descartan la salida del procedimiento de déficit excesivo antes de lo previsto, incluso este mismo año. No es descartable que el desvío pueda bajar alguna centésima del 3% a finales de 2017 y Bruselas nos extraiga de la vigilancia intensiva. Será entonces cuando la atención recale en la deuda, en 1,13 billones (el 99,6% del PI
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El terreno para el 135 esta casi listo, ¿no se supone que era malisimo dicha reforma que solo servia para pagar a los bancos?
