La Ley de Costas de 1988 que aspiraba a proteger el buen estado de nuestro litoral, va a ser modificada en gran parte en aras de "el avance económico y la generación de empleo" según el abogado del Estado Arias Cañete.
Noticia:
La Ley de Costas, uno de los pilares de la protección ambiental, está a punto de sufrir su primera gran reforma desde que entró en vigor, en 1988. El Consejo de Ministros tiene previsto analizar este viernes el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete. Según ha podido saber este diario, la norma alarga las concesiones a las viviendas construidas en la playa desde los 30 años actuales —que en algunos casos podían llegar a 60— hasta 75, y autorizará la compraventa. Además, permite en las rías reducir la protección de 100 a 20 metros, obliga a la Administración a llevar el deslinde al Registro de la Propiedad, y distingue entre playas naturales y urbanas, en las que la regulación será más flexible. En general, supone una flexibilización de la norma para lo ya construido y facilita nuevos usos en la playa.
Arias Cañete, que es abogado del Estado, presume de conocer de primera mano cómo se hacen los deslindes de Costas y sus deficiencias. El ministro ha emprendido una reforma integral de la legislación ambiental y su primer anuncio en Medio Ambiente, en enero pasado, fue la “muy profunda” reforma de la Ley de Costas.
En las rías, la protección se podrá reducir de 100 metros a 20
La reforma busca “promover una efectiva protección del litoral, así como el uso sostenible del mismo”, pero, como ha declarado Medio Ambiente, eso debe ser compatible con “el impulso de la actividad económica y la generación de empleo, siempre que sea plenamente respetuosa con la integridad y conservación del dominio público marítimo-terrestre”. Para ello, el Gobierno ha preparado un texto con dos artículos, seis disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y tres finales.
La Ley de Costas, aprobada en 1988 bajo una enorme polémica, aspiraba a liberar la playa de hormigón en 60 años y salvar lo mucho que aún quedaba entonces de playa virgen. La norma impedía construir sobre la arena, el dominio público marítimo-terrestre. Las casas construidas legalmente en primera línea antes de la entrada en vigor de la norma pasaban a ser propiedad del Estado. Pero en vez de expropiar e indemnizar —algo que habría sido imposible en los 8.000 kilómetros de litoral—, los propietarios recibían una concesión de uso por 30 años, ampliables a 60 en algunos casos, sin pagar canon. Los propietarios no podían vender las concesiones. El Tribunal Constitucional avaló en 1991 esta “muy singular forma de expropiación”, como la definió.
Medio Ambiente esgrime que da “seguridad jurídica” a los propietariostiene efecto con solo publicarla en el Boletín Oficial del Estado. Costas no ha llevado al registro la inmensa mayoría de los deslindes. La duda está en que según cómo quede el texto y cómo se aplique puede suponer, de facto, que quienes tienen una casa en dominio público se libren de la Ley de Costas. Y eso pese a que la Constitución señala que “son bienes de dominio público estatal (...) en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial”.
La reforma incluye novedades como que en las rías podrá reducirse “excepcionalmente” la servidumbre de protección desde los 100 metros a los 20. En Galicia, la Ley de Costas ha generado muchos problemas por los núcleos rurales aislados, que no tenían la consideración de suelo urbano en la ley. Este cambio puede solucionar parte de ellos al rebajar la protección en esa franja.
Medio Ambiente se compromete a publicar un desarrollo reglamentario posterior a la ley sobre la utilización de playas. Allí establecerá un régimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas con suelos urbanizados) y las playas naturales. Previsiblemente en las playas urbanas los requisitos y los usos permitidos serán mucho más flexibles que en las naturales.
El PP ha hecho bandera de la defensa de los chiringuitos, porque con la norma actual tienen restringida su superficie a 150 metros cuadrados. Con el cambio, previsiblemente se facilitarán las instalaciones en la costa. Los socialistas de Gandía (Valencia), por ejemplo, ha denunciado que un empresario ya planea un chiringuito de 987,63 metros cuadrados y que confía en la reforma para levantarlo el verano que viene.
Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/12/actualidad/1342122037_296374.html
Una segunda noticia similar: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/12/actualidad/1342095264_015305.html
En La Razón, solo mencionan a los chiringuitos: http://www.larazon.es/noticia/1430-blindaje-al-chiringuito
Ley de Costas de 1988: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-18762
Me parecen destacables los párrafos siguientes:
La Ley de Costas, aprobada en 1988 bajo una enorme polémica, aspiraba a liberar la playa de hormigón en 60 años y salvar lo mucho que aún quedaba entonces de playa virgen. La norma impedía construir sobre la arena, el dominio público marítimo-terrestre. Las casas construidas legalmente en primera línea antes de la entrada en vigor de la norma pasaban a ser propiedad del Estado. Pero en vez de expropiar e indemnizar —algo que habría sido imposible en los 8.000 kilómetros de litoral—, los propietarios recibían una concesión de uso por 30 años, ampliables a 60 en algunos casos, sin pagar canon. Los propietarios no podían vender las concesiones. El Tribunal Constitucional avaló en 1991 esta “muy singular forma de expropiación”, como la definió.
En 2018 se cumplen los 30 años, con lo que el Estado podría comenzar entonces a recuperar propiedades y a derribarlas sin indemnización. Incluso ahora mismo rescatar las concesiones es extremadamente barato, puesto que solo hay que pagar por los años que quedan. Al acercarse el plazo, que un día pareció inalcanzable, crece la presión de los dueños de inmuebles en la playa.
La norma ha generado enormes polémicas en todo el litoral. Además, las embajadas de Alemania y Reino Unido, entre otras, han presionado a España porque afectaba a muchos de sus ciudadanos que compraron chalés en primera línea.
Por lo que parece, una vez más, los amiguismos y enchufismos de unos cuantos prevalecerán ante el interés general de los españoles.
RPV: el gobierno estudia dar marcha atrás a las disposiciones de la Ley de Costas de 1988 en cuanto a protección del litoral acerca de la duración de las concesiones de las construcciones en línea de playa, acerca de la anchura de las servidumbres de protección, e incluso estudia permitir construir macro-chiringuitos en las playas. También facilitará los trámites para privatizar terrenos degradados.
Desde Greenpeace, manifiestan que temen que esta reforma suponga un retroceso en la protección de la costa, para contentar a los propietarios que compraron o construyeron barbaridades en las zonas protegidas del litoral.
Los propietarios de viviendas ubicadas en las zonas protegidas se alegrarán, sin duda, de esta modificación.
