Las confitadas mañanas de OT

El Gobierno de Pedro Sánchez premiará salarialmente a los funcionarios de la Administración General de Estado (AGE) que hablen el idioma cooficial de la comunidad autónoma en la que desarrollan su actividad y, por lo tanto, penalizará económicamente a los trabajadores públicos que sólo tengan conocimientos de castellano.
Tal y como consta en el acuerdo que ayer cerró Función Pública con los representantes sindicales, a partir de 2020 los trabajadores de la AGE que ocupen puestos de atención al público y acrediten la titulación exigida de euskera, catalán o gallego disfrutarán de un incremento en su sueldo. El objetivo, según fuentes del Ministerio de que dirige Meritxel Batet, es «mejorar la atención que la Administración General del Estado presta a la ciudadanía, siempre dentro de la disposición y límites que haya en la asignación de fondos adicionales», y se articulará a través de un aumento en el complemento específico.
Desde Función Pública añaden que todavía no hay cifras concretas de subida, y en CCOO explican que, con seguridad, las mejoras serán «pequeñas», tendrán el objetivo de potenciar el idioma de cada región y se realizarán a cargo de los fondos adicionales de 2020.
CSIF, por su parte, criticó la medida y no firmó este acuerdo en el que, según este sindicato, se acordó también «una subida de 20 euros en la Administración del Estado». El incremento se llevará a cabo «con fondos adicionales a la masa salarial prevista para 2018 y 2019», y en opinión de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios es «improvisado y chapucero», «insuficiente», y «se presenta como una suerte de cheque electoral» a «menos de dos meses de las elecciones».
Además, este acuerdo fue anunciado ayer junto al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado que, entre otras mejores, eleva el salario mínimo de este grupo de trabajadores a 1.136 euros al mes; aprueba una subida del 5,5% de media para las todas las tablas salariales; establece una clasificación profesional conforme al sistema educativo; y permitirá que, a partir de 2021, estos empleados puedan acogerse a la jubilación parcial anticipada en las mismas condiciones que el resto de trabajadores del mercado de trabajo.
El convenio afectará a unos 40.000 trabajadores, y su aprobación fue una petición recurrente de los representantes sindicales durante los últimos ejercicios. De hecho, acumulaba ya 10 años sin renovarse, pero Función Pública ha acelerado en los últimos meses su negociación. La firma del texto, sumada al acuerdo anteriormente señalado y, especialmente, a la histórica oferta de empleo público de más de 30.000 plazas que el Ministerio prepara para la últimas semanas de este mes o las primeras de abril, pone en evidencia la estrategia preelectoral que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto ya en marcha.
Los más de 2,5 millones de funcionarios y trabajadores públicos tienen un peso muy importante de votos, y el Ejecutivo destaca siempre que tiene ocasión que han sufrido mucho durante la crisis y que es momento de que recuperen sus derechos. Y buena muestra de ello es que Batet recordó ayer que el Gobierno acumula ya nueve acuerdos en los «escasos» nueve meses transcurridos desde que Sánchez llegó a Moncloa.

https://www.elmundo.es/economia/2019/03/05/5c7d857e21efa0b1388b4585.html