España es el país de la Unión Europea con mayor número de presos por habitante. Sólo destacamos en todo lo malo.
Artículo basado en el instrumento de pedagogía para la cultura jurídica titulado
“Otro Derecho Penal es posible;
Desenmascarando mitos que sostiene el Derecho Penal”
Me decía un recluso recientemente en prisión que “aquí se entra pero ya nunca se sale”, frase apocalíptica que me dejó frío y que me ha hecho reflexionar mucho, pues socavó los cimientos de la estructura jurídica sobre la que se había fundamentado, en otro tiempo, mi confianza en una Justicia que, como organización administrativa por desgracia no existe, aunque siempre existirá como Valor superior.
A partir de ese momento, he tratado de comprender tan terrible aseveración, al tiempo que he accedido a importantes estudios específicos cuyo objetivo esencial ha sido y es desmitificar las muchas quimeras y falsedades que están arraigados en la opinión pública en torno al mundo de la delincuencia y nuestro código penal.
De todos los instrumentos punitivos de los que dispone el Estado par dirimir los conflictos sociales más graves, el instrumento jurídico político de base ideológica más ilustrativo de su poder punitivo es el Código Penal.
Un conjunto de normas cuya eficacia y capacidad operativa “salpica” a la sociedad entera, especialmente cuando los medios de comunicación más conservadores y sensacionalistas, se esfuerzan por crear la atmósfera propicia para generar alarmas sociales que, muchas veces, persiguen influencia en el legislador, inspirados en el indecente concepto de la “rentabilidad social” que raya en el revanchismo más deshumanizador y vulnera el principio de “la intervención mínima”.
Este fenómeno social ha generado no pocos mitos en torno a la realidad de la delincuencia en nuestro país, así como la falsa y generalizada creencia social de la presunta magnanimidad de un código penal que, por el contrario, constituye uno de los instrumentos más duros y represivos, que no eficaces ni siempre necesarios, del entorno occidental.
Uno de los mitos más arraigados en la sociedad española es el de que el grado de delincuencia en la sociedad española es de los más altos de Europa, cuando lo cierto es que la tasa de criminalidad media en España en el año 2008 era del 46,7% frente al 70,4% que era la media de los países de nuestro entorno, de forma que el agravamiento punitivo de las penas, en general, no tiene su causa en aquella, sino en el hecho de haberse tipificado como delictivas conductas que hasta entonces fueron sólo infracciones administrativas, (como los delitos contra la seguridad vial), por lo tanto la tasa objetiva de delitos, es una cosa, y otra muy distinta la percepción que la población tenga de la delincuencia real, “gracias”, en gran medida, a que los medios de comunicación han pasado de dedicar a estos sucesos de un 15% de sus espacios en 1994 a un 30,8% en 2009.
Sin embargo, ello explica el que, paradójicamente, la población reclusa se haya cuadruplicado desde 1980 hasta 2009, siendo el país con el mayor índice de reclusos de la Unión Europea con 166 por cada 100.000 habitantes, algo explicable debido a la eliminación de la redención de penas por el trabajo en 1995, el endurecimiento de algunas otras y un acceso cada vez más difícil al tercer grado y al disfrute de la libertad condicional.
Otra falsa leyenda muy arraigada en nuestra sociedad, es la presunta suavidad del Código Penal español, al permitir, supuestamente, que los delincuentes entren por una puerta y salgan por otra sin cumplir nunca buena parte de sus condenas, o, en su defecto, pasen un pequeño espacio de tiempo en prisión para salir enseguida en libertad cuando la auténtica realidad es que todo penado cumple íntegramente las penas impuestas (la gran mayoría en segundo grado penitenciario), incluidos quiénes disfrutan parcialmente del tercer grado y de la consiguiente libertad condicional (sólo en torno al 20% de los penados) y siempre sujeta a estrictos y exhaustivos controles.
Relacionado con este mito, justo en un momento en el que los más reaccionarios sectores de la sociedad (salvo la voz de las víctimas, cuyo dolor respeto pero cuya exigencia no comparto), alzan su voz clamando por “la cadena perpetua”, es de justicia manifestar que, tan drástica medida ya existe de hecho en nuestra legislación, aunque camuflada bajo mil u un engranajes jurídicos, realidad contra la que alzo mi voz por contravenir la dignidad humana, ya que los límites penales resultantes de los concursos real e ideal de los delitos no son de aplicación cuando al enjuiciado se le somete a procedimientos sucesivos en el tiempo, supuestos en los cuales se acumulan las penas impuestas por cada uno de ellos, dándose la cruel realidad de que muchos de estos condenados lo son por delitos de menor entidad y nunca de sangre que, por mor de esta retrógrada e inhumana regulación, convierten en quimera la posibilidad de la libertad condicional y, por lo tanto de cualquier posibilidad de rehabilitación, para estos delincuentes (contraviniendo la doctrina del Tribunal Penal Internacional).
Como consecuencia de la presión ejercida por los apologetas del endurecimiento de las penas aprovechando casos aislados especialmente cruentos, el Sistema, aprovechando la circunstancia de la corriente social a su favor, suele expandir ese recrudecimiento sancionatorio a otros delitos de carácter menos grave como, por ejemplo, los delitos contra el patrimonio o contra la salud pública (drogas) que representan el 66% del total, frente al 14% que serían los que podrían avalar tan drástica modificación; fenómeno éste conocido como “vis expansiva del derecho penal”.
Otro mito carente de la menor objetividad, es que la población reclusa refleja la realidad delictiva de la sociedad, una tesis falsa que se demuestra sencillamente, constatando como hay sectores sociales que se criminalizan por principio, mientras otros, los conocidos como delitos de “cuello blanco” o los de todo tipo de corrupción a que nos tiene acostumbrados altos cargos de la administración y de las oligarquías, resultan casi siempre impunes, de la misma manera que se facilita la excarcelación de ciertos reclusos atendiendo a su extracción social, vulnerando la teórica igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.
Mención aparte requieren la atención manipulada que los medios de información prestan a la inauguración de nuevas instalaciones carcelarias, especialmente a “sus lujos y excesivas comodidades, con especial referencia a las piscinas que, dicho sea de paso, jamás son disfrutadas por los internos, entre otros motivos, porque la única ocasión que contienen agua, es la del día en que las “cámaras” televisivas fijan su atención en ellas, con el fin de provocar la ira popular, así como la desproporcionada alarma social que multiplican por muchos enteros cuando, excepcionalmente y por desgracia algún peligroso delincuente, aprovecha un permiso para fugarse o volver a delinquir, excusa aprovechada para tachar al instrumento penitenciario de los permisos de salida como algo que debiera restringirse o incluso erradicarse, cuando el dato cierto es que los internos que no reingresaron a prisión tras disfrutar de un permiso ordinario o extraordinario fue de 5,4 por cada mil en el 2009 (siete veces menos que treinta años antes), porcentaje todavía menor si se trata de permisos de fin de semana cuyo tasa fue del 0, 186 por mil en 2008.
Igualmente, se han alzado voces muy consolidadas socialmente, reclamando la progresiva extensión de la normativa penal diseñada para los adultos a menores de edad, (siempre aprovechando terribles sucesos esporádicos y aislados de funesto recuerdo), una recrudecimiento represivo que ya comenzó desde que la edad penal fue fijada en 1995 en el código penal en los dieciséis años y en la legislación de menores en 2000, medidas altamente polémicas, si de lo que se trata es de tratar de recuperar a los menores delincuentes a una vida social en plenitud, objetivo todavía más difícil desde que el Estado ha hecho dejación de funciones privatizando la gestión de unos tratamientos que tendrían que gozar de las máximas garantías y de los controles más exhaustivos.
Quién sacudió mi conciencia con la apologética convicción que ha inspirado esta reflexión, no sabía que propiciaría un artículo cuyo fin es quitarle la careta a mitos tan consolidados como falsos y llevar un poco de luz sobre la dramática realidad de una delincuencia que, más allá de estadísticas, constituye la más evidente prueba del fracaso de una sociedad.
Fuente: http://laventanaesmeralda.blogspot.com.es/2013/01/mitos-t-falsedades-sobre-la.html
