A. Considerando la gravedad de la actual situación de Venezuela; que desde el 12 de febrero de 2014 se han registrado en toda Venezuela marchas pacíficas encabezadas por estudiantes que se han saldado con violencia mortal y ha habido, por lo menos, trece víctimas mortales, más de setenta heridos y cientos de detenidos; que las exigencias de los estudiantes tienen que ver con la incapacidad del Gobierno del Presidente Maduro de resolver los problemas de la elevada tasa de inflación, la delincuencia y la escasez de algunos productos de primera necesidad, así como con los niveles, cada vez más elevados, de corrupción y con la intimidación de los medios de comunicación y de la oposición democrática; que el Gobierno ha culpado de la escasez a los «saboteadores» y a los «empresarios corruptos hambrientos de ganancias»; que Venezuela es el país que cuenta con las reservas energéticas más importantes de América Latina;
B. Considerando que en los últimos días no ha disminuido el número de manifestaciones, sino que, en realidad, ha aumentado, lo que ha conducido a un aumento del número de muertos, heridos y detenidos como resultado de la represión del movimiento de protesta por parte de las autoridades estatales y de grupos armados ilegales;
C. Considerando que la tensión política y la polarización en Venezuela son cada vez más importantes; que las autoridades venezolanas, en lugar de contribuir al mantenimiento de la paz y de la calma, han amenazado con llevar a cabo una «revolución armada»;
D. Considerando los actos de represión ejercida, en particular, contra estudiantes, periodistas, dirigentes de la oposición y activistas pacíficos de la sociedad civil, que han sido perseguidos y privados de su libertad;
E. Considerando que grupos armados progubernamentales violentos y descontrolados han estado actuando en Venezuela con impunidad durante mucho tiempo; que la oposición ha acusado a estos grupos de incitar a la violencia durante las manifestaciones pacíficas, lo que ha provocado muertes y numerosos heridos; que el Gobierno de Venezuela aún no ha aclarado plenamente esos hechos;
F. Considerando que los medios de comunicación son objeto de censura e intimidación, que diferentes periodistas han sido golpeados o detenidos o que se ha destruido su material profesional;
G. Considerando que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas son elementos fundamentales de la democracia, y que la igualdad y la justicia para todos no pueden existir sin las libertades fundamentales y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos; que la Constitución de Venezuela garantiza el derecho de reunión, de asociación y de manifestación ciudadana por medios pacíficos; que las autoridades estatales tienen el deber de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos de Venezuela, de garantizar su seguridad y proteger sus vidas sin limitar dichos derechos;
H. Considerando que únicamente el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, un diálogo constructivo y respetuoso y la tolerancia podrán ayudar a Venezuela a salir de esta grave crisis y, por ende, a superar futuras dificultades;
Condena todos los actos de violencia y la trágica pérdida de vidas humanas durante las manifestaciones pacíficas del 12 de febrero de 2014 y los días posteriores, y transmite su sincero pésame a los familiares de los fallecidos;
Expresa su inquebrantable solidaridad con el pueblo venezolano y su preocupación por la posibilidad de que las nuevas protestas puedan desembocar en más actos violentos que no harían más que ahondar la brecha entre las posiciones del Gobierno y la oposición y contribuirían a polarizar en mayor medida la delicada situación política que se registra en Venezuela; pide a los representantes de todos los partidos y estamentos de la sociedad venezolana que mantengan la calma tanto en lo que se refiere a sus declaraciones como a las acciones que emprendan;
Recuerda al Gobierno de Venezuela que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas son derechos fundamentales de la persona en toda democracia, tal y como reconoce la Constitución venezolana, y pide al Presidente Maduro que respete los tratados internacionales de los que Venezuela es parte, en particular la Carta Democrática Interamericana;
Recuerda al Gobierno de Venezuela su obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país, independientemente de sus opiniones o adscripciones políticas; expresa su profunda preocupación por la detención de estudiantes y de dirigentes de la oposición y reclama su liberación inmediata;
Recuerda que el respeto del principio de la separación de poderes es fundamental en un régimen democrático, y que el sistema judicial no puede ser utilizado por las autoridades como medio de persecución política y de represión de la oposición democrática; pide a las autoridades venezolanas que retiren las acusaciones infundadas y las órdenes de detención contra dirigentes de la oposición;
Pide a las autoridades venezolanas que desarmen y disuelvan inmediatamente a los grupos armados descontrolados progubernamentales, y que pongan fin a su impunidad; solicita aclaraciones sobre los fallecimientos que se han registrado, con el fin de exigir responsabilidades a los autores por sus actos;
Alienta a todas las partes y, en particular, a las autoridades venezolanas, a mantener un diálogo pacífico con todos los estamentos de la sociedad venezolana para definir los puntos de convergencia y permitir que los interlocutores políticos debatan los problemas de mayor gravedad que afronta el país;
Hace hincapié en que el respeto de la libertad de prensa, de información y de opinión, junto con el pluralismo político, son fundamentales para la democracia; lamenta la existencia de censura en los medios de comunicación e internet y de un acceso limitado a ciertos blogs y redes sociales; condena el acoso de que han sido víctimas varios periódicos y medios audiovisuales, como la cadena NTN24 y la cadena CNN en español, y considera que estas prácticas son contrarias a la Constitución venezolana y a los compromisos asumidos por la República Bolivariana de Venezuela;
Pide que se envíe a Venezuela cuanto antes una delegación ad hoc del Parlamento Europeo para evaluar la situación;
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.
