PP y Cs impiden que se tramite la ley de vivienda de la PAH
La ley de vivienda promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no llegará a debatirse en el Congreso. Salvo que Ciudadanos ceda a última hora ante las protestas de los activistas de esta organización, la mesa del Congreso dará vía libre hoy al veto interpuesto por el Gobierno contra la tramitación de la norma. La iniciativa de la PAH, respaldada por la firma de los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC y Mixto, incluye varias medidas destinadas a pinchar la burbuja del alquiler, luchar contra la pobreza energética y aumentar el parque público de pisos, así como instaurar la dación en pago retroactiva.
Estaba cantado que el Gobierno tiraría en este caso de su derecho a vetar las propuestas legislativas que afectan al presupuesto. Lo que no estaba claro era si la mesa le daría vía libre. Para lograrlo necesita los votos del partido de Albert Rivera, con quien suma mayoría absoluta en este órgano parlamentario.
Un portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos confirmó ayer que esta formación hará lo mismo que en la gran mayoría de anteriores vetos. «Salvo que sea arbitrario, que no venga justificado, no podemos oponernos, porque es una facultad que tiene el Gobierno reconocida por la Constitución», indicó ese portavoz de la formación naranja.
El Ejecutivo argumenta en el informe adjunto al veto que la propuesta de cesión de viviendas vacías durante diez años para alquiler social comportará un aumento de los créditos presupuestarios durante diez años, mientras que las obligaciones que contraerían las empresas suministradoras para paliar la pobreza energética comportarían una disminución de ingresos por impuestos de 185 millones de euros.
La PAH considera falsos ambos argumentos. Por un lado «solo se obliga a ceder los pisos vacíos a los bancos y a los grandes tenedores, que deberán hacerlo de forma gratuita durante ese periodo de diez años», según el portavoz de la organización, Luis Sanmartín, para quien esta medida «no solo no costará dinero», sino que «revertirá en las arcas de los municipios que los administren a través del alquiler social que cobrarán».
La reducción de ingresos fiscales por 185 millones de euros tampoco se ajusta a los requisitos del veto, en opinión de la PAH, porque se atribuyen al ejercicio presupuestario del año próximo y no de este, como establece la normativa. Además de que, «con un coste mínimo se protege a cinco millones de hogares en riesgo de pobreza energética».
Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidos Podemos coinciden en que el veto no tiene justificación alguna y forma parte del uso abusivo que hace el Gobierno de esta prerrogativa. «No vamos a apoyar el veto de ninguna de las maneras. Venimos denunciando esta práctica abusiva y totalmente arbitraria que lleva a cabo el Gobierno, como para apoyar este», manifestó ayer una portavoz de los socialistas
Tras el primer veto en Enero, PP y Cs vuelven a usar su mayoria en la mesa del congreso para que la propuesta de la PAH no pueda debatirse en el Congreso de los Diputados. Parece ser que el problema de la vivienda pasa por echar a los okupas
Artículo 47 de la Constitución Española:
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
