La economía del bien común
Según una encuesta de la fundación Bertelsmann, el 80 por ciento de los alemanes y el 90 por ciento de los austriacos esperan un nuevo orden económico. La economía del bien común (Deuticke, 2010) es un sistema económico alternativo completo, los fundamentos habían sido desarrollados por Christian Felber en Nuevos valores para la economía (Deuticke, 2008) y más tarde pulidos por un, cada día mayor, círculo de empresarios.
El fin es escapar de la discusión estéril: “Quien está contra el capitalismo, está con el comunismo” y ofrecer un camino concreto y viable para el futuro.
Hasta junio del 2011 apoyaron la iniciativa más de300 empresarios de 8 países. 100 pioner@s aplican el corazón central del modelo, el Balance del Bien Común. El movimiento crece globalmente en diez ramas de actuación.
La economía del bien común se basa en los mismos valores que hacen florecer nuestras relaciones: Confianza, Cooperación, Aprecio, Democracia, Solidaridad. Según recientes investigaciones científicas conseguir buenas relaciones son la mayor fuente de motivación y felicidad de los seres humanos.
El marco legal económico experimenta un giro radical, cambiando las coordenadas “afán de lucro-competencia” por “cooperación-deseo de bienestar público”: Empresarios con espíritu de cooperación serán recompensados. La actitud competitiva conlleva desventajas.
El éxito económico no será medido primando la cantidad de dinero obtenido, sino con el balance del bien común (a nivel de empresas) y el producto del bien común (a nivel de sistema). El balance del bien común se convierte en el balance principal de todas las empresas. Cuanto más social, ecológica, democrática y solidaria sea la actividad, mejores serán los resultados del balance del bien común alcanzados. Mejorando los resultados del balance del bien común de las empresas en una economía nacional, mejorará el producto del bien común.
Las empresas con buenos balances del bien común disfrutarán de ventajas legales: tasas de impuestos reducidas, aranceles ventajosos, créditos baratos, privilegios en compra pública y a la hora de reparto de programas de investigación, etc. La entrada en el mercado se verá, por tanto, más favorecida para actores éticos y sus productos y servicios, que los de los no-éticos, indecentes y no ecológicos.
El balance financiero será el balance secundario. El beneficio financiero pasa de ser fin a ser medio. Éste sirve sólo para aumentar el “nuevo” fin empresarial: Aportación al bien común. Los excedentes del balance financiero deberán utilizarse para: inversiones con plusvalía social y ecológica, devolución de créditos, depósitos en reservas limitadas, bonificación a los empleados de forma restringida, así como créditos sin intereses a empresas cooperadoras. No se utilizarán los excedentes para bonificar a personas que no trabajan en la empresa, adquisición hostil de otras empresas, inversión en mercados financieros (éstos dejarán de existir), o aportaciones a partidos políticos.
Como el beneficio financiero es ahora un medio, y deja de ser un fin, las empresas pueden esforzarse hacia su tamaño óptimo. No tienen que temer ser adquiridas, o sentirse obligadas a crecer para ser más grandes, más fuertes o con mayores beneficios. Todas las empresas están liberadas de la presión del crecimiento o anexión.
Las diferencias de ingresos y patrimonios serán limitadas: Ingresos máximos de 20 veces el salario mínimo. Propiedades que no excederán los 10 millones de euros, el derecho de cesión y herencia, 500.000 euros por persona, en empresas familiares a 10 millones de euros por hijo. El excedente sobre estos límites serán repartidos como “Dote democrático” para las siguientes generaciones: igualdad de capital inicial significa mayor igualdad de oportunidades (Los márgenes exactos deberán ser definidos democráticamente en una asamblea económica).
En grandes empresas a partir de un elevado número de empleados (por ejemplo, más de 250) los derechos de decisión y propiedad pasan parcial y progresivamente a los empleados y ciudadanos. La población podrá ser representada directamente a través de “parlamentos económicos regionales”. El gobierno no posee derecho decisorio o de intervención en empresas públicas.
Esto es igualmente válido para los bienes democráticos, la tercera categoría de propiedad, junto a una mayoría de pequeños y medianos empresarios y grandes empresas de propiedad mixta. Por bienes democráticos entendemos instituciones económicas públicas en campos de enseñanza, salud, acción social, movilidad, energía, o comunicación: la infraestructura básica.
Un bien democrático importante es el banco democrático. Éste sirve, como todas las empresas, al bien común y, como todos ellos, controlado por la ciudadanía soberana y no por el gobierno. Sus servicios consisten en depósitos de ahorro garantizados, cuentas corrientes gratuitas, créditos de interés reducido y créditos de riesgo social. Los mercados financieros en la forma actual ya no existirán.
El horario de trabajo retribuido se verá reducido escalonadamente hacia la marca, deseada por mayoría de 25-30 horas semanales. De este modo queda tiempo libre para otros tres campos de trabajo de gran importancia: trabajo de relaciones y cuidados (niños, enfermos, ancianos), trabajo de crecimiento personal (desarrollo de la personalidad, arte, jardín, ocio), trabajo en la política y actividades públicas.
Cada décimo año en la profesión es un “año sabático” que será financiado a través de un salario mínimo sin compromisos. Las personas pueden hacer en este tiempo lo que quieran. Esta medida descarga el mercado de trabajo en un diez por ciento de la tasa de desempleo en la comunidad europea.
La democracia representativa será completada por la democracia directa y la democracia participativa. La ciudadanía soberana debería poder controlar y corregir su representación, decretar leyes por sí misma, modificar la constitución y poder controlar las infraestructuras de abastecimiento -ferrocarril, correos, bancos-. En una democracia real son idénticos los intereses de los representantes y los de la ciudadanía soberana. Requisitos para ello son un Derecho General de colaboración y control por parte de la ciudadanía soberana.
Todos los puntos angulares deberán madurarse a través de discusiones intensas en un amplio proceso de bases, antes de que se conviertan en leyes elaboradas por una asamblea económica directamente elegida; su resultado se votará democráticamente por la ciudadanía soberana. Lo que sea aceptado, se introducirá en la constitución y sólo podrá volverse a cambiar con el respaldo de la ciudadanía soberana.
Aparte de la asamblea económica del bien común habrá otras convenciones para profundizar la democracia: convención para la educación, convención para los medios de comunicación y una convención para la creación de bienes democráticos.
Para afianzar en los niños los valores de la economía del bien común y poderlos practicar serán introducidas las siguientes materias en los programas: emocionología, ética, comunicación, educación democrática y experiencia de la naturaleza.
Debido a que en la economía del bien común, el éxito empresarial posee un significado muy diferente al que actualmente recibe, deberán ser establecidas otras competencias de gestión, los más responsables y competentes, los más empáticos y sensibles, serán los elegidos, los que se capaciten, por encima de sí mismo, como personas que piensan y sienten de forma ecológica y social, convirtiéndose en solicitados modelos.
La economía del bien común no es ni el mejor de los modelos económicos ni el final de una historia, sólo el paso siguiente después de los extremos, comunismo y capitalismo. Se trata de un proceso participativo, de desarrollo abierto que busca sinergia en procesos similares como: economía solidaria, economía social, movimiento de bienes comunes, economía del post-crecimiento, perspectiva cuatro en una o democracia económica. El 5 de octubre de 2011 fueron presentados los resultados de los balances de bien común de las primeras 100 empresas pioner@s en una conferencia de prensa internacional. Todas las empresas están invitadas a participar en la aplicación del balance del bien común.
