El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como imputadas en el caso Púnica, el macrosumario de corrupción en la Comunidad de Madrid que se investiga desde febrero de 2014 y que encara su fase final, según fuentes jurídicas. El magistrado pretende conocer su papel en la trama corrupta liderada por el exconsejero madrileño Francisco Granados y en la financiación irregular del PP madrileño entre 2003 y 2011, años en los que Aguirre encadenó mayorías absolutas. El magistrado considera que Aguirre ejercía la "supervisión" de la supuesta caja b del partido en la Comunidad. Cifuentes está imputada por la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
Las imputaciones fueron solicitadas hace un mes por la Fiscalía Anticorrupción en un informe en el que solicitaba al magistrado la reordenación de la causa —que debe estar concluida antes del 6 de junio de 2020— que acumulaba 16 piezas, que han quedado concentradas en un total de 11.
Por primera vez en su carrera, Aguirre, que había conseguido quedar al margen de las múltiples causas de corrupción que afectaban a los consejeros de sus diferentes Gobiernos, se ve implicada directamente en una de ellas. El pasado marzo, la Guardia Civil remitió un informe al juez en el que implicaba a Aguirre en las supuestas maniobras para financiar ilegalmente las campañas electorales para las autonómicas de 2003, 2007 y 2011. Tras estas, la política conservadora encadenó tres mayorías absolutas, la primera tras el escándalo del tamayazo, la deserción de dos diputados del PSOE madrileño que impidió la investidura del socialista Rafael Simancas y obligó a repetir las elecciones.
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