Tan pronto como acabó la guerra, y bien podríamos decir que durante el tiempo que duró el Estado del 18 de Julio se propuso y, creemos que lo consiguió, en gran parte, abordar un grave problema que en España estaba agudizado, cual era el de facilitar o ayudar a los muchos que la precisaban una vivienda digna, como había proclamado, desde 1938, el Fuero del Trabajo.
Ya antes de la Victoria de abril de 1939 se había creado la Dirección General de Regiones Devastadas, que procedió a prestar su ayuda a la necesaria y urgente reconstrucción, llegando a crear y/o reconstruir pueblos nuevos en aquellos lugares en que los daños habían revestido mayor dureza, como Brunete, Belchite, etc. También se había creado la Fiscalía Nacional de la Vivienda, con el objetivo de velar por la higiene y salubridad de los hogares familiares. Después se procedió a la creación, en principio encuadrado en el Ministerio de Trabajo, del Instituto Nacional de la Vivienda que posteriormente se convirtió en Ministerio, integrándose en él la citada Dirección General de Regiones Devastadas y la Fiscalía General de la Vivienda, la Dirección General de Arquitectura y otros Organismos similares. Destaca entre ellos la creación del Instituto Nacional de Urbanización (el antiguo INUR) dedicado a la formación de polígonos tanto de viviendas como industriales y a la urbanización de terrenos y solares, un instrumento imprescindible para la disposición de suelo a precios que resultaran asequibles, evitando la especulación.
La actuación, primero del Instituto Nacional de la Vivienda y luego del Ministerio, se caracterizó por un conjunto de sucesivos sistemas de protección estatal a la construcción de nuevas viviendas para servir dos objetivos fundamentales: satisfacer las graves necesidades de viviendas existente y crear o mantener el empleo.
El sector vivienda tuvo una gran significación tanto para la vida social como para la evolución económica y al respecto cabe indicar que proporcionó bienes de primera necesidad a las familias, tuvo una incidencia en el empleo más intensa que otros sistemas productivos -tanto en puestos de trabajo directos como indirectos- operó como motor de otros sectores económicos y logró una considerable importancia, tanto en la formación bruta del capital fijo, como en el producto interior bruto de España.
Las actuaciones llevadas a cabo se caracterizaron por constituir un conjunto de normas de financiación cualificada a los promotores, en forma de préstamos de las entidades de crédito públicas y privadas, a interés más reducido que el del mercado y préstamos del Estado sin interés -anticipos reintegrables- así como subvenciones o primas estatales y, en principio, suministro de materiales intervenidos, aunque durante muy corto espacio de tiempo. Asimismo, se otorgaron importantes exenciones y bonificaciones tributarias e incluso la expropiación forzosa para la adquisición de suelo.
Fue acertada la política de vivienda seguida porque consiguió la cooperación de los sectores público y privado en la consecución de satisfacer la necesidad de vivienda, conjugando prudentemente la iniciativa privada con el sistema de ayudas estatales, dirigidas a las familias con menos ingresos, en la que participó no sólo la Administración Central, sino también los ayuntamientos.
Esta cooperación se amplió a otros sectores. La legislación que se promulgó facilitaba la actuación de cooperativas y comunidades. Resultó muy importante la tarea de la Obra Sindical del Hogar. Las Corporaciones Locales, en muchos casos sin intervención del sector privado, promovieron gran número de viviendas, en régimen excepcional, para grupos de población de recursos escasos, con carácter subsidiario de la actuación de promotores privados. Todo ello, al margen de las importantes realizaciones del Instituto Nacional de la Vivienda que, con el actual régimen nacido en la transición, primero fue reconvertido y después plenamente extinguido.
Quisiéramos reflejar el resultado práctico de la política social de vivienda que, con tanta generalidad acabamos de esbozar. Podemos afirmar, en base a estadísticas oficiales que, solamente entre los años 1961 y 1973, se construyeron en España 3.347.768 viviendas, que se ampliaron con 358.460 en 1974 y con 374.391 en 1975; en total, en estos catorce años, se levantaron 4.080.619 viviendas, lo que quiere decir que, al menos en los últimos, se superó la cifra de mil viviendas terminadas y entregadas por día.
De estas viviendas, las acogidas a protección oficial (subvencionadas, Grupo I, Grupo II y construcción directa) suponen un porcentaje del 52,48% y las libres (aunque con exenciones tributarias, algunas con expropiación y otros beneficios) ascienden al 47,52%.
La financiación de las viviendas a que nos venimos refiriendo se llevó a cabo sin dificultad de ningún género, sin precisión de reducir otras inversiones necesarias, sin tener que recurrir a procedimientos financieros especiales y sin la menor polémica en cuanto a la procedencia de los fondos a emplear.
