El tema es más complejo que simplemente matamos a todos los malos y vivimos en Disney. La Constitución Española en su artículo 25.2 nos dice que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados".
Por lo tanto lo que propone Gallardón, es decir, establecer una especie de cadena perpetua revisable, no se ajustaría a Derecho y debería reformarse la Constitución. No es que los jueces y abogados digan que no les gusta (que seguramente en muchos casos sea cierto), es que sería ilegal en el marco actual. Para reformar la Constitución, hay dos procedimientos bien claros en el Título X (aunque en este caso sería el procedimiento agravado), en vez de marear la perdiz, que sea valiente y lo proponga abiertamente.
En cuanto al tema de efectividad, una cadena perpetua o pena de muerte, deben ser excepcionales, para casos sangrantes, es decir, violaciones/asesinatos. Esto, que para muchas personas puede ser lo correcto puede producir un efecto a la inversa, es decir, mato a una persona, y me llevo por delante a los que haga falta para que no haya testigos, o violo a una persona y la mato para que no pueda reconocerme. Es decir, como por ejemplo ha pasado en algunos estados de USA, no solo no bajar el porcentaje de este tipo de delitos, sino aumentarlos. Otra cosa es que, en casos de personas que su historial clínico deje claras dudas sobre su reinserción social, poder crear centros mentales para ese tipo de personas, donde no se pueda salir sin un informe contrastado de su mejoría mental. Aunque, para informar al que no lo sepa, la pena de muerte es legal en España en un solo caso, el artículo 15 de la Constitución dice que, "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra."
En cuanto al tema de la política, es harina de otro costal. Vivimos en un país, donde los terratenientes, oligarcas, nobles y patronal del pasado, siguen teniendo un peso histórico, porque jamás han perdido esa posición social, y siguen participando muy activamente en la política interna del país. Un país donde las únicas fuerzas que pueden gobernar, han tenido multitud de escándalos de financiación ilegal, tanto a nivel municipal, provincial, autonómico y local. Un país donde cuando les pillan con el carrito del helado, no tienen la vergüenza de dimitir, o donde se alargan los juicios para intentar librarse por prescripción de delito, y donde el Tribunal Constitucional, garante de la legalidad vigente, es elegido a dedo por los grupos parlamentarios. España necesita un reset, pero que la justicia esté así, no es culpa solo de la justicia sino también de la política (principalmente diría yo). No puede ser que en pleno siglo XXI por ejemplo, los datos no estén totalmente informatizados, y que una administración de Cantabria no pueda acceder a los datos de la administración de Murcia.
