Fomento advierte que el acuerdo del Pleno que paralizó Distrito Castellana Norte es "nulo"
El Ministerio de Fomento envía un requerimiento al Ayuntamiento de Madrid para que anule el acuerdo del pleno que paraliza el desarrollo Castellana Norte, ya que «infringe el ordenamiento jurídico»
Si el Ayuntamiento no rectifica, Fomento emprenderá acciones legales
CÉSAR URRUTIA Madrid
ROBERTO BÉCARES Madrid
25/06/2016 12:41
El Ministerio de Fomento remitió ayer un requerimiento previo al Ayuntamiento de Madrid contra el acuerdo del pleno municipal del 25 de mayo de 2016 que renunciaba a continuar la tramitación del plan urbanístico Distrito Castellana Norte, impulsado por el banco BBVA y que contaba con el apoyo del citado Ministerio y de la Comunidad de Madrid. Se trata del paso previo a emprender acciones legales contra el Consistorio de la capital dentro del largo capítulo de desencuentros entre ambas administraciones a cuenta del nuevo desarrollo urbanístico del norte de la capital.
Según el requerimiento, al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio considera que el acuerdo del pleno «incurre en vicio de nulidad y anulabilidad» según varios artículos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (LRJAP-PAC). En concreto, vulnera el artículo 62.1 apartado e), ya que se dicta «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» basando «la imposibilidad de la tramitación en una renuncia tácita de las partes firmantes que no ha exisitido y que ni siquiera está recogida en los artículos de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que menciona el propio acuerdo».
También es anulable de acuerdo al artículo 62.2, que estima que «son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneran la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior». Fomento considera que el Consistorio, a falta solo de la ratificación y firma del plan urbanístico, renunció al mismo «de manera unilateral e injustificada», cuando el artículo 9.3 de la Constitución garantiza «la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos» y el régimen jurídico estima que las administraciones deben actuar de acuerdo a la «eficacia, jerarquía, descentralización [...], respetando los principios de buena fe y confianza legítima».
Además, el Ministerio considera que el acuerdo del pleno es anulable a tenor del artículo 63.1 de la LRJAP-PAC, ya que infringe «el ordenamiento jurídico y de manera muy especial, incurre en desviación de poder». El Ayuntamiento «ha incumplido su obligación de resolver de manera motivada y suficiente» la denegación del plan, que contaba «con más de 45 informes sectoriales favorables, pertenecientes muchos a administraciones públicas», señala Fomento, que considera que «la renuncia unilateral de un convenio atenta contra la buena fe y es contraria al interés público».
El documento, registrado en el Consistorio con fecha de ayer, argumenta sus estimaciones en que el Ministerio no ha recibido todavía «los motivos que justifican la decisión del pleno» de tirar abajo el proyecto, contenidos en un escrito de la alcaldesa del 5 de mayo, que se incluyó en el acuerdo del pleno, pero al que no han tenido acceso.
También esgrime Fomento que la renuncia a continuar con la tramitación del convenio urbanístico del plan parcial, promovido en 2015 por la anterior Corporación local y que comenzó a diseñarse hace 20 años, «dice basarse en el artículo 247.4 b) de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, pero este precepto no ampara la renuncia unilateral por parte de uno de los firmantes del convenio [...] y mucho menos cuando dicha actuación unilateral carece de fundamento jurídico».
El Ministerio señala además que el Tribunal Supremo afirma que las partes firmantes de un convenio son administraciones públicas y «no son libres de desistir o renunciar a sus supuestos derechos porque estos son, en realidad, intereses públicos». Y aún menos pueden hacerlo «sin la previa notificación de la posibilidad a los terceros interesados», algo que en este caso no ocurrió, según Fomento. En ese sentido, el Ministerio recuerda que los convenios tienen carácter contractual y «vinculan a las partes sin que pueda dejarse su cumplimiento al arbitrio de cualquiera de ellas».
El Ministerio recuerda que en ninguna de las reuniones que se mantuvo con la Concejalía de Desarrollo Urbano se comunicó la intención de renunciar al proyecto, «ni se facilitaron datos ni documentación alguna acerca de la nueva propuesta municipal», que contempla una ostensible reducción de los metros urbanizables. Así, consideran que la resolución debida con arreglo a la Ley hubiera sido la de aplazar la aprobación del plan, pero «nunca dar por terminado el procedimiento».
De acuerdo a Fomento, el Ayuntamiento ocultó información al resto de las partes sobre la nueva propuesta que presentó, «que perjudica de forma extraordinaria los legítimos intereses de los principales propietarios públicos», entre ellos Fomento y Adif, y «desconociendo los más elementales principios de cooperación y colaboración mutuas», como recogen varios artículos de las bases del régimen local. Por todo ello, pide al Consistorio que inicie negociaciones con todas las partes implicadas en el convenio urbanístico y que apruebe el plan parcial que estaba en trámite antes de su anulación.
El ministerio de Fomento defendiendo los intereses de madrileños frente a una de las carmenadas más perjudiciales para ellos. Tiene guasa.