La ratio de una VTC por cada 30 taxis, los impuestos o la ausencia de regulación son algunos de los mantras que repite el taxi contra Uber y Cabify.
Como en cualquier otro conflicto, la guerra de la comunicación es clave para tratar de controlar o dirigir a la opinión pública, y en el conflicto del taxi este fenómeno no es diferente. Este gremio no deja de repetir una serie de argumentos para tratar de justificar el nuevo paro indefinido que ha iniciado en Madrid y Barcelona desde el pasado lunes contra los vehículos de alquiler con conductor (VTC), exigiendo nuevas trabas y limitaciones cuya finalidad última no es otra que acabar, de una u otra forma, con la competencia.
Los mantras que repiten los taxistas a medios de comunicación y políticos para acabar con las VTC son, básicamente, que, hoy por hoy, se incumple la ratio 1/30 (una VTC por cada treinta taxis) que marca la ley, que buena parte de las licencias que operan compañías como Uber o Cabify son ilegales, que vulneran la normativa sobre captación de pasajeros, que evaden o pagan pocos impuestos en comparación con el taxi y que, además, carecen de regulación. Sin embargo, la realidad de esta particular batalla sectorial es bien distinta:
1. España ya cumple la ratio 1/30
A finales del pasado año, España ya contaba con un total de 12.500 licencias VTC frente a los más de 65.000 taxis, lo cual arroja una ratio de 1/5, muy lejos del ya famoso límite 1/30 que, según alegan los taxistas, impone la ley, de modo que las autoridades deberían proceder a la eliminación de las VTC sobrantes.
¿Problema? España ya cumple la ratio 1/30. Lo único que establece la normativa vigente, a través del real decreto 1057/2015, es que no se podrán conceder nuevas licencias en caso de que se supere la citada ratio, y eso es, precisamente, lo que sucede desde que el anterior Gobierno del PP aprobó dicha regulación a finales de 2015. Es decir, las administraciones no conceden nuevas licencias desde hace tres años. Lo que no dicen los taxistas es que, previamente a esa fecha, no existía tal límite y, por tanto, las licencias VTC concedidas hasta entonces son legales, ya que ese criterio no se puede aplicar con carácter retroactivo.
El origen del conflicto se remonta a 2009. Hasta ese año regía la ratio 1/30, pero fue entonces cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechando la transposición de la Directiva de Servicios de la UE, eliminó ese límite, liberalizando con ello el sector de VTC. Es a partir de ese momento cuando, al no existir límites cuantitativos, las autoridades competentes empezaron a conceder todas las licencias VTC que se solicitaron, especialmente tras la aparición de Uber y Cabify, superando así la histórica proporcionalidad vigente hasta entonces.
Pero la presión del taxi comenzó a hacer efecto y, en 2013, el Gobierno del PP decide restablecer la famosa ratio 1/30 mediante una reforma legislativa que no entra plenamente en vigor hasta finales de 2015, cuando se aprueba un nuevo reglamento del transporte mediante el real decreto citado anteriormente. Así pues, las miles de licencias concedidas entre 2009 y 2015, mientras estuvo en vigor la liberalización, son perfectamente legales y no incumplen ninguna normativa. Tan sólo desde finales de 2015 vuelve a limitarse las licencias VTC, pero, única y exclusivamente, para los nuevos permisos, no para los concedidos con anterioridad.
2. Las licencias VTC son legales
Llegados a este punto, algunos taxistas se escudan en que la ratio 1/30 no entró en vigor a finales de 2015, sino a mediados de 2013, cuando el PP modificó la ley, motivo por el cual todas las licencias solicitadas a posteriori deberían ser anuladas. ¿Problema? No es eso lo que dictamina la Justicia. El Tribunal Supremo concluyó que esa restricción tan sólo puede aplicarse tras la aprobación del desarrollo reglamentario que tuvo lugar a finales de 2015, de modo que las licencias concedidas entre 2009 y 2015 son legales y, por tanto, no pueden ser denegadas por las autoridades competentes (en este caso las CCAA).
Y puesto que son legales y las normas, además, no pueden aplicarse con carácter retroactivo, la única forma de eliminar tales licencias sería mediante expropiación y el pago del correspondiente justiprecio. Una factura que, según las estimaciones de Unauto, la patronal de VTC, podría rondar los 4.000 millones de euros para el conjunto de los contribuyentes.
Además, por mucho que el taxi diga lo contrario, la ratio 1/30 no es un límite obligatorio, sino meramente opcional, según la ley vigente, de modo que las autonomías pueden establecer cualquier otra proporción entre taxis y VTC, siempre y cuando sea menos restrictiva. Dicho de otro modo, ese umbral no es un fin en sí mismo, sino un tope máximo. La Comunidad de Madrid podría fijar ahora mismo una ratio de un taxi por cada VTC y sería totalmente legal y legítimo.
3. No captan clientes en la calle
En cuanto a las acusaciones de que captan clientes en la calle de forma irregular, todos los servicios que prestan las VTC son contratados previamente –por vía telemática en el caso de Uber y Cabify– y, según el reglamento de transporte vigente, estos vehículos pueden circular libremente por la vía pública y sólo lo podrán circular ocupados si han sido previamente contratados o el pasajero es personal de la empresa. Asimismo, estar estacionado esperando a que se le asigne un servicio con la aplicación abierta no supone predisposición alguna a la captación.
4. Pagan más impuestos que el taxista
Los taxistas también alegan que las VTC pagan menos impuestos, pero desde Unauto aclaran que la realidad es justo al revés. Mientras que más del 95% de los taxistas en España se acogen al régimen fiscal de estimación objetiva, la llamada tributación por módulos, a los vehículos VTC se les requiere hacerlo por estimación directa, es decir, sobre el beneficio anual real derivado de la prestación de los servicios de transporte.
Esta diferencia se traduce en que un propietario de licencia de taxi sin conductores asalariados pague al menos 9 veces menos impuestos que un conductor de VTC que realiza un volumen similar de kilómetros anuales. "El taxi y la VTC tienen el mismo epígrafe fiscal (721.2) y la misma naturaleza de Servicio al Público, pero tienen un sistema de tributación extremadamente desigual", según denuncia la patronal. Por si fuera poco, el taxi olvida que Cabify es una empresa española, creada por emprendedores españoles y que tributa el 100% de sus servicios en España a través de la filial Maxi Mobility Spain.
5. Una de las regulaciones más estrictas
Por último, los taxistas alegan que las VTC no están reguladas, cuando es todo lo contrario. De hecho, España no sólo es uno de los países de la UE con menos licencias VTC en comparación con el número de taxis, sino que sufre una de las regulaciones más estrictas en materia de taxis y VTC, tal y como han denunciado tanto la CNMC como la propia Comisión Europea.
