La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado en los últimos meses la reapertura de al menos ocho causas de ETA pendientes de ser resueltas y cercanas a la prescripción, fruto de la revisión de 42 procedimientos relacionados con la banda terrorista. Una veintena estaban a punto de prescribir.
Gracias a esta labor, unida al empeño de familiares de víctimas y de las asociaciones de víctimas del terrorismo, la semana pasada se reabría, poco antes de prescribir, el sumario por el doble atentado en la madrileña calle de López de Hoyos, el 21 de junio 1993, en el que fallecieron siete personas, seis de ellas militares. Este caso fue reabierto ante los «indicios lógicos» de la participación del exdirigente etarra Ignacio Miguel Gracia Arregi, «Iñaki de Rentería».
Para la reapertura de este procedimiento fue decisivo el testimonio aportado por Pablo Romero, hijo de unas de las víctimas, al que después respaldó la Asociación de Víctimas del terrorismo (AVT) en su petición a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de reclamar que se reabriera el caso
Otra de las causas que se ha evitado que prescriba, es la del asesinato del Policía Nacional Ignacio Pérez Álvarez, el 30 de enero de 1990 en Galdácano (Vizcaya), fallecido al alcanzarle de lleno la explosión de un artefacto que había sido colocado en una bicicleta, informaron a Efe en fuentes de la Fiscalía.
Este procedimiento quedó archivado de forma provisional en 1993 hasta que, el 21 de enero, la Fiscalía solicitó a la Comisaría General de Información un informe sobre indicios que «permitieran atribuir la autoría del atentado a individuos o comandos concretos de la organización terrorista ETA, a los efectos de una posible reapertura», según el escrito remitido por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, al juez Ismael Moreno.
En este mismo escrito se adjuntaba ese informe policial, que concluía que el atentado fue cometido por el «comando Txalaparta», integrado en 1990 por Oscar Abad Palacios, José Ramón Martínez García, Francisco Javier Goitia (fallecido en 1991) y María Nagore Múgica Martínez.
Los dos primeros fueron detenidos el 25 de octubre de 1991 y puestos a disposición del juzgado central de instrucción número 5, del que entonces era titular Baltasar Garzón.
Ambos reconocieron en sede policial su participación en ese atentado, «indicando que la bicicleta con el explosivo les fue proporcionada por Carmen Guisasola Solozabal y Julián Achurra Egurola, "Pototo"». Por ello, Zaragoza pidió incorporar al juzgado de Moreno las diligencias.
http://www.abc.es/espana/20130624/abci-fiscalia-reapertura-201306232047.html
No entiendo puur qué se atreven a seguir juzgando y persiguiendo a los tiradores profesionales de nuca. Hay que cerrar heridas para acabar de una vez con el conflicto vasco en el que todos tienen el mismo grado de responsabilidad (incluidas todas las víctimas de ETA, que se olvidaron de ponerles un casco cuando salían de casa).
Por otra parte, a ver cuándo este Estado opresor fascista juzga los crímenes franquistas de hace varias décadas, que ya va tocando.